El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) pagará al menos ¢22 millones por una consultoría que defina cuánto costarán las licencias para el cultivo y comercialización del cáñamo de uso alimentario e industrial y el cannabis con fines médicos y terapéuticos.
Según el cartel, los recursos para financiar el estudio saldrán del Fondo Nacional para el Desarrollo (Fonade) del Sistema de Banca para el Desarrollo.
Esto acorde a lo establecido en el Convenio de Cooperación entre los Ministerios de Agricultura y Ganadería, Economía Industria y Comercio y
la Secretaría Técnica del Sistema de Banca para el Desarrollo.
La Ley Nº10113 ordena al gobierno el establecimiento de las tarifas y la incorporación de un transitorio por medio de la Ley Nº10244 dio un plazo de seis meses para emitir el reglamento.
La norma faculta a dar licencias para el cultivo e industrialización del cannabis con fines médicos o terapéuticos por un plazo de 6 años, las cuales podrán ser renovadas por periodos iguales, a solicitud del licenciatario y previa demostración de que cumple con todos los requisitos y las obligaciones establecidas.
Con esta iniciativa se permitirá el cultivo, la producción, la industrialización, la comercialización de cáñamo o cannabis no psicoactivo y sus productos o subproductos para fines alimentarios e industriales. Esto ayudaría a la atención de salud de pacientes con dolores crónicos u otros y a contribuir con la reactivación económica.
DE PEQUEÑAS A GRANDES
Está claro que el monto a cancelar será proporcional al tamaño y naturaleza de la actividad que se pretende realizar, debiendo establecerse tarifas diferenciadas para pequeñas empresas y organizaciones de pequeños productores agropecuarios.
Estas conllevan el pago de una tarifa, independientemente de que se trate de personas físicas o jurídicas, tanto para obtener el permiso como para la renovación.
El monto tiene que definirlo el Poder Ejecutivo mediante un decreto y se estableció que debería ir acorde con estudios técnicos y el principio de servicio al costo.
INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN
Entre otras cosas, la consultoría debe determinar los tipos de licencias que se pueden entregar y que deben ser contemplados en la reglamentación, las actividades que debe ejecutar cada autoridad competente para la fiscalización y el control de las actividades autorizadas en la Ley Nº10113, como inspecciones, toma de muestras y decomisos.
DIARIO EXTRA intentó conversar con Laura Bonilla, titular del MAG, para saber por qué es necesario recurrir a una consultoría, pero al cierre de edición no tuvimos respuesta.
Se estima que el cannabidiol, un componente de la planta del cannabis utilizado con fines terapéuticos, tendrá un valor de $60.000 millones en dos o tres años. El presidente Rodrigo Chaves prometió un reglamento sencillo, el cual estaría listo en setiembre.