Defensoría urge al Estado resolver crisis por suspensión de licencias de cuido

La Defensoría de los Habitantes pidió al Estado tomar acciones urgentes ante la crisis que afecta a más de 600 familias que quedaron sin recibir el subsidio económico por licencias de cuido.

Estas licencias se otorgan a personas que deben dejar de trabajar temporalmente para atender a pacientes en fase terminal, menores de edad con enfermedades graves o personas en condiciones excepcionales que requieren atención constante.

Según la institución, en las últimas semanas se han recibido múltiples denuncias de cuidadores que enfrentan serias dificultades para cubrir gastos básicos como alimentación, medicamentos, artículos de higiene y equipo médico.

La Defensoría calificó la situación como “apremiante” y advirtió que pone en riesgo a poblaciones en condición de vulnerabilidad, como personas adultas mayores, con discapacidad y niños gravemente enfermos.

Ante ello, solicitó al presidente de la República, Rodrigo Chaves incluir en la agenda legislativa el proyecto de ley que busca dar una solución estructural al financiamiento de las licencias de cuido, con el fin de garantizar la continuidad y sostenibilidad del programa.

El ente defensor ofreció su mediación para facilitar el diálogo entre el Poder Ejecutivo, las instituciones involucradas y las familias afectadas, con el propósito de alcanzar acuerdos que devuelvan la estabilidad económica y emocional a quienes dependen de este beneficio.

Proyecto de Ley

El expediente legislativo 25.240 presentado por el frenteamplista, Jonathan Acuña, busca reformar la Ley N° 7756, en el cual incluye un párrafo final en el artículo 10 para que en caso de que los recursos para atender la licencias de cuido a personas en fase terminal sean insuficientes, sea posible acceder a nuevos recursos provenientes del Presupuesto de la República.

Es importante mencionar que si el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) se acaba, la ley no permite aumentar ese fondo ni de darle más dinero a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para pagar los subsidios. Por eso, la propuesta del congresista.

Asimismo, desde el 1 de noviembre hasta el 31 de enero del 2026, el Poder Ejecutivo tiene el control sobre los proyectos que se pueden ver en la Asamblea Legislativa.

“Lo que se necesita para que ellos reciban los pagos no es el proyecto; eso es una mentira para que piensen que esa reforma es fundamental. La Caja tiene la instrucción de presentar esa autorización de gasto en el tercer presupuesto extraordinario del 2025, y de ahí se presenta a la Contraloría para que se apruebe la modificación”, aseguró el mandatario.