Para la Defensoría de los Habitantes, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), falta a la transparencia al someter a audiencia pública una propuesta para la fijación del margen de comercialización de combustibles de las gasolineras sin hacer un cálculo o presentar un modelo digitalizado y datos.
La Intendencia de Energía de la Aresep, expuso, en audiencia pública, la propuesta de la nueva metodología para la fijación del margen de comercialización que deben cobrar las gasolineras a los usuarios, cuando se les vende combustibles.
Dicho margen se encuentra contemplado dentro de la tarifa que se le cobra a los consumidores de combustibles.
“Con esta metodología la Autoridad Reguladora pretende, entre otras cosas especificar las características requeridas para que una estación pueda brindar el servicio de distribución de combustibles, contar con procedimientos de cálculo de tarifas que sean más transparentes, comprensibles y verificables; asimismo especificar la estructura de costos y gastos necesarios para prestar el servicio. Además reconocer en la estructura de costos y gastos, los recursos necesarios para cumplir con la normativa de seguridad y calidad, así como promover su aplicación en las estaciones de servicio”, señala la Defensoría vía comunicado de prensa.
Agrega el documento que si bien la Defensoría comparte las motivaciones de la Aresep para revisar el mecanismo de fijación de precios para el sector de expendedores, la preocupación radica en que el modelo propuesto consiste en una serie de fórmulas matemáticas -de 24 ecuaciones en total-, con sus respectivas variables conceptuales, pero que no incluyen aspectos como los datos de gasto, costo, ingreso, inversiones, inventarios y la información estadística necesarias para echar a andar el modelo.
Añade la entidad que dentro de las preocupaciones está que se apruebe esta metodología tal como fue presentada por la Aresep y que su aplicación se detecten errores que afectan a usuarios o prestadores, lo que haría necesario un nuevo proceso de audiencia pública para analizar una nueva propuesta.
“Por esta razón, la Defensoría no concibe cómo la Aresep insiste en llevar a audiencia pública una propuesta metodológica que no es posible evaluar por parte de los interesados, ya que no permite vislumbrar su impacto en los precios internos de los combustibles y sobre los costos de los operadores de este servicio público, introduciendo incertidumbre sobre sus efectos en los consumidores”, se detalla en el comunicado.