La Defensoría de los Habitantes se pronunció en contra de la propuesta del Gobierno sobre radiofrecuencias para radio y televisión.
Cabe recordar que el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) elevó a consulta pública un decreto para ampliar por un año más las concesiones de radio y televisión.
No obstante, la Defensoría consideró que el planteamiento del Gobierno carece de criterios técnicos y ya la ley determina cuáles son los procedimientos para ampliar las concesiones.
Igualmente, señala que el Ejecutivo tuvo suficiente tiempo para adoptar medidas que no afecten a los concesionarios.
Como si fuera poco, indica que el Gobierno no estableció criterios para justificar el plazo de un año y no se ha llevado a cabo suficiente discusión sobre el tema.
“Solo se ha centrado sobre los temas de prórroga, actos preparatorios de concesión y el canon, sin tomar en consideración, como ha sido reconocido por diversos actores como la Contraloría General de la República y la propia Sutel, que el país carece de un marco regulatorio integral en relación con la materia”, detalló.
La Defensoría advirtió que la medida podría “quedar amarrada” si se avanza con la propuesta del Ejecutivo, ya que no se toman decisiones de forma técnica y “con visión de futuro”.
“A consideración de la institución, haría nulo el derecho de los concesionarios que hayan solicitado en tiempo y forma la ampliación”, señaló.
SUMA DETRACTORES
La propuesta del Ejecutivo no avanza a buen ritmo.
Un criterio emitido por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) objetó el decreto reglamentario del Gobierno.
Incluso, señaló desde 2022 que la licitación podría resolverse en un periodo mínimo de dos años y no en un año, como plantean desde Zapote.
El documento 03179-SUTEL-UJ-2024, del cual DIARIO EXTRA tiene una copia, asegura que la propuesta del Gobierno para “evitar un apagón en emisoras y canales a nivel nacional” es insuficiente para emprender un eventual procedimiento concursal de radiodifusión.
Del mismo modo, detalla que el artículo 24 de la Ley General de Telecomunicaciones establece que “es necesario disponer de un criterio técnico de la Sutel” para avanzar con lo presupuestado por el Poder Ejecutivo.
“(…). Sobre este punto debe señalarse que un año es un plazo que no solventa la situación actual sobre el eventual vencimiento de las concesiones de radiodifusión de acceso libre. Dentro de la motivación desarrollada por el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) sobre las razones por las cuales resulta necesaria la ‘ampliación’ del plazo, se indica que el propósito es contar con los estudios previos de necesidad y factibilidad de la Sutel.
Previamente, Edwin Estrada, ex viceministro de Ciencia y Tecnología, además de abogado de Ecija Legal, aseguró que lo anunciado por Casa Presidencial es completamente ilegal.
“El decreto del Poder Ejecutivo simplemente dice ‘prórroga por un año’, pero si usted lee el artículo 245 de la Ley General de la Administración Pública, se establece que entre los requisitos del acto administrativo se les tiene que indicar claramente cuáles son los recursos que tienen los administrados para impugnar el acto. Eso no lo dice el decreto.
En términos simples, les están quitando a los costarricenses la posibilidad de recurrir a actos administrativos sobre el tema y eso es una violación flagrante del derecho de defensa. ¡Eso es una barbaridad! Se viola el principio de seguridad jurídica del país (…). El Micitt pretende eliminar el procedimiento que está establecido por ley y, por ende, es ilegal”, declaró a El Periódico del Pueblo.