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La Defensoría de los Habitantes rechazó la propuesta de fijación tarifaria que propone el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) del 13% para hogares, industria y comercio.
La justificación la realizó durante el proceso de audiencia pública ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
Esta institución argumentó que cualquier servicio público se debe ajustar periódicamente, no obstante, que el aumento solicitado por la institución estatal se encuentra fuera de proporción.
El órgano defensor manifestó que la inflación interanual del 2,03% fue inferior al ajuste pretendido por la institución.
CRITERIOS DE RAZONABILIDAD
Ana Karina Zeledón, directora del Área de Asuntos Económicos de la Defensoría, dijo que cuando se revisó la petición del ICE, detectó que no todos los elementos de las peticiones responden a criterios de razonabilidad.
“El ICE basa sus solicitudes en la aplicación del mecanismo de liquidación del periodo anterior con la finalidad de obtener el rédito para el desarrollo considerado por la Aresep en la última fijación tarifaria.
Sin embargo, advierte la Defensoría que la liquidación no tiene como finalidad garantizar un resultado para el rédito de desarrollo, sino resarcir al prestador o al usuario final del servicio, de las discrepancias positivas o negativas entre los valores estimados y observados para ingresos y gastos”, indicó.
La funcionaria expresó su preocupación con el hecho de que el aumento solicitado tendría sobre el costo de vida de los hogares y el sector productivo.
RECOMENDACIONES
Dentro de las recomendaciones del órgano defensor a la Aresep y el ICE destaca que se tenga presente el efecto socioeconómico de incrementos tarifarios para los sectores más pobres de la sociedad.
Al respecto, solicitó que el estudio se efectúe conforme a la coyuntura y circunstancias sociales y económicas de los habitantes del país al considerar la problemática económica.
“Una vez más la Defensoría sostiene que este tipo de prácticas atenta contra los objetivos de la Autoridad Reguladora en cuanto al logro del equilibrio entre las necesidades de los usuarios y los intereses de los prestadores de servicios”, apuntó. La Defensoría insistió nuevamente en la revisión de los costos.