Defensoría pide reforma de infraestructura al MEP
Ente solicita devolver la responsabilidad al Estado y no a Juntas de Educación
El modelo administrativo que sostiene la infraestructura educativa en Costa Rica está agotado y requiere una reforma estructural urgente.
Así lo determinó la Defensoría de los Habitantes en un informe técnico notificado oficialmente al Ministerio de Educación Pública (MEP), en el que concluye que el esquema actual no solo ha fracasado, sino que vulnera directamente los derechos humanos de miles de estudiantes.
Los datos respaldan la gravedad del diagnóstico, pues 389 centros educativos arrancaron el curso lectivo 2026 con órdenes sanitarias vigentes y sin ningún proyecto de reparación asignado. Incluso hay advertencias sanitarias que están en categoría roja, es decir, con riesgo inminente de cierre.
Responsabilidad para las Juntas de Educación
El esquema vigente obliga a las Juntas de Educación y Administrativas (conformadas por vecinos y padres de familia voluntarios) a asumir la contratación de ingenieros, la supervisión de obras y la ejecución de proyectos que, en muchos casos, involucran miles de millones de colones.
Una carga que, según la Defensoría, supera por mucho sus capacidades técnicas y legales.
El resultado es dinero paralizado. Hay proyectos constructivos que llevan más de una década detenidos, con fondos congelados en cuentas de Caja Única, mientras los estudiantes reciben lecciones en aulas deterioradas.
“El modelo actual que transfiere fondos con fundamento en la matrícula, a una Junta que ejecuta, está agotado en su forma presente, requiriendo una reingeniería que traslade en un 100% la responsabilidad a la DIE”, expresó Angie Cruickshank, defensora de los Habitantes.
Lo anterior resulta relevante si se considera que la Ley de Juntas de Educación y Juntas Administrativas (Ley N.° 10631) establece como uno de los requisitos básicos para integrar estos órganos, saber leer y escribir.
Pese a ello, a sus miembros se les confía la administración de recursos públicos destinados a infraestructura educativa y otros gastos de los centros educativos, una responsabilidad que implica la gestión de millones de colones provenientes del Estado.
Pese a que deben dominar leyes complejas de contratación pública y conocimientos de ingeniería para una correcta gestión, no se les exige preparación académica ni otros requisitos.
“Hay que devolver la responsabilidad al Estado. El MEP debe presentar un programa para quitarle la carga técnica y legal de la construcción y el mantenimiento a las Juntas de Educación. Toda la responsabilidad del ciclo de vida de la infraestructura escolar debe ser asumida exclusivamente por el MEP de forma profesional”, expresó.
Hoja de ruta
La Defensoría le pidió a la cartera diseñar una programación decenal 2026-2035 con un portafolio transparente que especifique qué centros se van a intervenir, cuánto costará, de dónde vendrán los recursos y en qué plazo se entregarán, priorizando aquellos que tienen órdenes sanitarias.
“Son muy acertadas todas las recomendaciones que se están planteando para mejorar la infraestructura. Las juntas de educación, aunque sus integrantes realizan un gran esfuerzo, no siempre cuentan con la capacitación necesaria en administración pública ni en procesos de contratación”, señaló Rocío Solís, exviceministra del MEP.