La Defensoría de los Habitantes hizo un llamado a Casa Presidencial y al Ministerio de la Presidencia para que eviten recortar ¢65.000 millones destinados a educación en el presupuesto ordinario de 2025.
Mediante un oficio, aseguró que es un error restringir la inversión en este campo y cada colón que se le corta a los estudiantes cierra oportunidades, además, calidad de vida a la población.
“La Defensoría de los Habitantes ve con preocupación la posibilidad de una disminución en el presupuesto destinado a la educación para el próximo año y los impactos que enfrenta este sector con la aplicación de la regla fiscal. El país debe seguir apostando a esta inversión para transformar el futuro de los habitantes, disminuyendo la desigualdad social, ampliando las oportunidades y reforzando el conocimiento, práctica y defensa de los derechos humanos”, señaló la institución liderada por Angie Cruickshank.
Cabe señalar que el oficio MH-DM-OF-0388-2024 enviado por Nogui Acosta, ministro de Hacienda, a Anna Katharina Müller, titular del Ministerio de Educación Pública (MEP), plantea elaborar un anteproyecto de presupuesto por ¢1.942 billones, no obstante, el del año anterior fue por ¢2.586 billones, es decir, se estaría recortando un 4,7% del Producto Interno Bruto (PIB).
Cabe señalar que en 2023 al MEP se le asignó un 5,6% del PIB, pese a que constitucionalmente es un 8%.
Además, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se invierten $9.923 por estudiante en primaria y $11.400 en secundaria. El Ministerio en 2022 invirtió aproximadamente $3.126 por estudiante.
“La afectación a la educación, resultado de la rebaja en la inversión, producto de reducción del presupuesto, así como de la aplicación de la regla fiscal, limita al Estado para brindar las condiciones y las herramientas para mantener inmersos dentro de las aulas a las niños, niñas y adolescentes. Se ha demostrado en estudios recientes la correlación entre el aumento en la inversión en la educación y la reducción de las tasas de criminalidad”, señala Cruickshank.
RECORTES
En becas Avancemos se pasó de 289.984 en 2023 a 274.000 en 2024, es decir, a 15.974 menores les bajaron el subsidio, sin embargo, los recortes no se limitan a temas de educación.
Los tijerazos son mayores en Programas de Atención a familias, pasando de 172.045 el año pasado a 124.558 actualmente. Así, 47.487 familias se vieron afectadas por los recortes impulsados desde Casa Presidencial.
En cuanto al Programa de Cuidado Infantil pasó de 31.856 hace un año a 30.064 en 2024 (1.792 niños menos).
A lo anterior, se debe sumar que el Ministerio de Hacienda no ha girado más de ¢62.000 millones al Fondo de Asignaciones Familiares (Fodesaf). Cabe señalar que esta última financia programas como becas Avancemos, Red de Cuido, subsidios para adultos mayores y bonos de vivienda, del mismo modo, atiende niñez en pobreza, vulnerabilidad y riesgo social.
Actualmente, el Gobierno de la República pretende recortarle más de ¢3.500 millones a distintas Asociaciones de Desarrollo Integral (ADI), los cuales serían redirigidos en el Cuarto Presupuesto Extraordinario a la Asamblea Legislativa al Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y otros cuerpos policiales, como la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), Unidad Especial de Intervención (UEI), Policía de Tránsito, Policía de Control Fiscal (PCF), entre otros.
Por otra parte, en diciembre de 2023, la junta directiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) acordó que el subsidio mensual de la modalidad de Acogimiento Familiar con Subvención disminuiría de ¢132.000 a ¢109.000 para quienes no tengan condiciones de salud especiales, lo que representa una reducción del 17,31%.
Asimismo, el monto para menores con discapacidad pasará de ¢158.000 a ¢123.000, para un 21,87% de disminución.
“Los anteriores recortes implican también que no se abrirán nuevos cupos en 2024, de manera que aumentará la lista de espera de niñas, niños y adolescentes que podrían estar bajo el cuido de una familia en lugar de una alternativa institucional”, acusaron.
Estos nuevos recortes se suman a los realizados anteriormente por la presente administración del Poder Ejecutivo en relación con la protección integral de la niñez y la adolescencia, los cuales reflejan una tendencia a la baja en la inversión social.
Por otra parte, en octubre del año pasado, el Programa Red de Cuido sufrió un tijerazo en aportes sociales. Del mismo modo, al Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares, en menos de cinco años, se le ha recortado más de ¢134.000 millones.