La Defensoría de los Habitantes hizo un llamado al Estado costarricense para endurecer la regulación que tienen actualmente las armas de fuego en el país.
El ente envió una serie de recomendaciones a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, que actualmente estudia un proyecto de ley para cumplir con este objetivo.
“El uso y disposición de armas de fuego no es un derecho que les asiste a las personas sino una concesión del Estado y como tal debe estar sujeta a una regulación rigurosa”.
La Defensoría sostiene que el gobierno debe avanzar en la regulación de las armas que circulan en el país al reforzar, entre otros, “los mecanismos de importación, almacenaje, inscripción, uso, posesión y portación de armas”, mencionaron en un pronunciamiento oficial.
Según datos del Ministerio de Seguridad Pública, la adquisición de armas de fuego creció del año 2000 al 2014 un 94,68%, la población durante ese mismo periodo aumentó solo un 23,26%. Mientras en 1988 estaban registradas 55.734, para el 2014 la cifra alcanzó las 225.348.
Para el ente defensor, es fundamental que el Ejecutivo, a través del proyecto de ley, aumente sus capacidades fiscalizadoras que permitan controlar la tenencia de armas en manos de particulares, muy especialmente las que están en disposición de empresas de seguridad privada cuya personería jurídica, domicilio físico, armería, etc., no resultan ubicables por parte de las autoridades.