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La Defensoría de los Habitantes solicitó cuentas a las instituciones encargadas de brindar los servicios públicos.
La intención es consultarles sobre las acciones que efectuaron para impactar a la población usuaria a partir de la crisis sanitaria producto de la Covid-19.
Entre las instituciones se encargan el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP).
El ICE dio a conocer al órgano defensor sobre la facilidad de pago a clientes industriales y comerciales con consumos mayores a 2000 kWH de forma que paguen el 50% de la factura eléctrica de marzo a mayo.
En tanto, el monto restante sería cargado en cuotas iguales durante el segundo semestre de 2020.
El Minae indicó que se coordinó sobre los combustibles para la búsqueda de alternativas y que los consumidores opten por sistemas que usen otras fuentes y que sustituyan los combustibles derivados del petróleo.
En tanto la Aresep indicó que se está detrás de procesos de fiscalización, espacios de diálogo y de valoración en los que participan prestadores, entes rectores y organismos internacionales.