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La Defensoría de los Habitantes envió 12 preguntas al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) relacionadas con la eventual entrada en vigencia del Decreto Ejecutivo N° 44.263-MOPT, el cual trasladaría a las municipalidades del país la atención de más de 3.000 kilómetros de carreteras nacionales.
“El objetivo de esta Defensoría es verificar la procedencia técnica y jurídica de dicha medida y garantizar que su eventual aplicación no perjudique la conservación y mejoramiento de dichos caminos públicos”, indicó la institución.
Así, el jerarca del MOPT, Mauricio Batalla, tiene un plazo de cinco días para responder a preguntas como si la transferencia de dicha responsabilidad fue comunicada formalmente a los gobiernos locales involucrados o no. En caso afirmativo, precisar en qué fechas y a través de qué medios.
Además, entre otras cosas deberá responder si la medida fue adoptada con el concurso y participación de dichos gobiernos locales, o si es una decisión unilateral del Poder Ejecutivo.
“Para esta Defensoría, es importante saber en qué fechas serán transferidos los respectivos recursos a las municipalidades involucradas, a través de qué metodología se estableció la cuantía de recursos a trasladar para cada una de ellas y si su ministerio considera que tales recursos son suficientes para garantizar el óptimo mantenimiento y conservación de las carreteras cuya atención sería encomendada a los gobiernos locales”, agregó la Defensoría.