Defensoría pide cuentas a ministro por operativo policial en Cartago
Las autoridades tendrán tres días hábiles para dar respuesta
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La Defensoría de los Habitantes solicitó al Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública un informe detallado sobre el operativo de seguridad realizado el 14 de setiembre en la Plaza Mayor de Cartago, con el objetivo de determinar si se respetaron los derechos fundamentales de las personas participantes.
La solicitud, enviada el martes 15 de septiembre, fue remitida al ministro Gerald Campos mediante el oficio N.° DH-1187-2026. La Defensoría indicó que actuó a partir de información difundida en medios de comunicación y redes sociales sobre presuntas restricciones de acceso, solicitudes de identificación, enfrentamientos y detenciones durante la actividad.
La Defensoría pidió conocer “el alcance y características del operativo” y solicitó que se remita el protocolo o documento que sustentó las medidas de seguridad aplicadas.
También requirió información sobre la valoración de riesgo que motivó las acciones, así como la identificación de la autoridad que ordenó el dispositivo y de quien asumió la mayor responsabilidad durante su ejecución.
Entre los puntos planteados está determinar si hubo controles de acceso e identificación de personas y, de ser así, cuál fue el fundamento jurídico utilizado. La Defensoría también pidió explicar los criterios aplicados para permitir el ingreso de algunas personas y restringir el de otras al sector donde se realizó la sesión solemne del Consejo de Gobierno.
Otro de los aspectos que deberá aclarar Seguridad Pública corresponde a las acciones adoptadas para garantizar “el ejercicio de los derechos de libre expresión, reunión y manifestación pacífica durante las actividades”.
La institución solicitó además conocer cuántas personas fueron retiradas o detenidas durante la intervención policial y cuáles fueron las razones para esas actuaciones.
El Ministerio deberá informar qué trámites se siguieron con las personas detenidas entre el 14 y el 15 de setiembre.
Asimismo, la Defensoría preguntó si oficiales de Fuerza Pública recibieron instrucciones específicas respecto a personas que portaran pancartas, banderas u otros elementos vinculados con expresiones políticas o manifestaciones ciudadanas.
En caso de que esas instrucciones hayan existido, la institución pidió conocer “el fundamento jurídico y el cargo de quienes impartieron tales instrucciones“.
Finalmente, la Defensoría solicitó determinar si Seguridad Pública realizará una evaluación interna para establecer si las medidas fueron “necesarias, idóneas y proporcionales” para garantizar la seguridad y el ejercicio de los derechos fundamentales.
El Ministerio contará con tres días hábiles para entregar la información solicitada, junto con las pruebas y gestiones relacionadas con el operativo, para que la Defensoría realice la valoración correspondiente.