Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Ante las políticas gubernamentales relacionadas con el recorte de presupuesto en educación, salud y becas, la Defensoría de los Habitantes hizo un llamado para no limitar los gastos en inversión social.
Según el ente defensor, la regla fiscal funge como un elemento que bloquea este tipo de inversiones por parte del Gobierno, lamentando que no se toman en cuenta las crecientes necesidades de la población.
“A través de un análisis realizado sobre el impacto de la regla fiscal sostiene que el diseño de la misma no consideró la relevancia del gasto institucional que se recorta o se restringe, ni incorporó un proceso de evaluación basado en beneficios, costos, impacto, eficiencia y calidad de los gastos sujetos a reducción o eliminación.
Además es importante señalar que la regla no prevé su desaplicación en situaciones de alta inflación, especialmente cuando la tasa de inflación supera el aumento autorizado por la regla fiscal para el gasto corriente. Esto, a corto y mediano plazo, disminuye los recursos reales disponibles para las instituciones que prestan servicios públicos”, agregó la Defensoría.
Sobre esto advierte que debido a la relación deuda-PIB (la cual condiciona la regla fiscal), el país podría estar entrando a dos años muy restrictivos en materia presupuestaria, por lo que teme una afectación en la calidad y continuidad de los servicios públicos y otros programas gubernamentales.
Ante esta situación, la Defensoría insta al Ejecutivo a convocar una mesa de diálogo que pueda plantear soluciones y sobre todo que blinde la inversión social.
“Independientemente de la regla fiscal vigente, es fundamental que el país asegure un financiamiento mínimo para programas esenciales, como garantizar un porcentaje mínimo del PIB destinado al gasto social.
La Defensoría de los Habitantes recomendó al Poder Ejecutivo implementar una mesa de trabajo a nivel nacional con la activa participación de diversos sectores, incluyendo la sociedad civil, la academia, la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República y grupos políticos a nivel nacional”, señaló.
El propósito central de dicho consenso consistiría en analizar y debatir la regla fiscal establecida en la Ley 9635, tomando en cuenta las deficiencias y aspectos de la normativa actual que han sido señalados por la Defensoría y a partir de los aspectos encontrados esperan presentar ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que incluya los consensos.