
La Defensoría de los Habitantes exigió la suspensión inmediata de los cobros excesivos de agua potable, a raíz de la aplicación de la metodología tarifaria vigente para el servicio de acueducto y alcantarillado (resolución RE-0008-IA-2025).
La institución documentó casos donde la facturación mensual por el servicio de agua potable de personas usuarias ha pasado de un promedio de ₡24.146 a montos como ₡51.071 que superan más del doble.
Esta situación afecta a propiedades donde el recibo indica la existencia de dos o más unidades habitacionales, pero que cuentan con un único medidor residencial.
Según lo investigado por la Defensoría, en estos casos específicos que agrupan a más de 38 mil hogares a nivel nacional, el AyA los está clasificando como si fueran condominios, aplicándoles la tarifa correspondiente a grandes consumidores (macromedidor).
A pesar de que desde octubre de 2025 la Intendencia de Agua indicó que iniciaría un proceso de revisión y mejora de esta estructura tarifaria mediante una Fuerza de Tarea, la entidad reguladora no ha realizado ninguna solución.
Recientemente, la Intendencia de Agua ha solicitado nuevos plazos de hasta dos meses para resolver la solicitud de suspensión, argumentando la complejidad técnica y jurídica del caso.