El activista Roger Corrales presentó una denuncia contra la Defensoría de los Habitantes al alegar que no tiene una oficina de iniciativa popular para que guíe a las personas en la elaboración de proyectos de ley.
Se basa en el artículo 7 de la Ley de Iniciativa Popular No.8491, el cual establece que la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa brindará asesoramiento técnico gratuito para la redacción de los proyectos, así como en los procedimientos por seguir, a los ciudadanos interesados en ejercer el derecho de iniciativa popular de conformidad con esta ley.
La norma agrega que la Defensoría de los Habitantes ofrecerá estos servicios a la ciudadanía por medio de sus oficinas en todo el país.
Corrales cuestiona por qué esa oficina nunca se abrió, tomando en cuenta que la ley data de 2006. Denuncia que habrían pasado cuatro defensoras de los habitantes sin que se diera seguimiento al mandato.
Como quien hoy ocupa el cargo es Catalina Crespo, la denuncia recae sobre ella. El denunciante dice ser el director de la Oficina del Consumidor, pero de momento esa organización no está constituida como persona jurídica.
“Yo tuve una posición ingenua. Creía que existía la Oficina de Iniciativa Popular en la Defensoría y en la Asamblea Legislativa, pero resultó que en la Defensoría ignoraban la existencia de la ley.
Me dijeron que no podían asesorarme en la elaboración de un proyecto de ley y no la dan porque no hay conocimiento. La ley está vigente y es exigible”, manifestó.
Corrales quería ayuda para la elaboración de una iniciativa de ley que regule el trato equitativo de los consumidores y usuarios. Criticó que esto no haya sido del interés del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía, ni los diputados.
Se trata de una norma para eliminar la atención discriminatoria y las prácticas abusivas, vergonzosas, intimidatorias y otras formas de violencia que sufre el consumidor.
“Serían elementos positivos y preventivos para la atención del público, un principio con trato humano. Queremos hablar con varias cámaras empresariales para ver el contenido del proyecto”, acotó.
A su criterio, si la Defensoría ofreciera este servicio habría un brazo más poderoso a favor del ciudadano porque serían siete oficinas más. No presenta una denuncia contra las exdefensoras porque la ley manada que el principio disciplinario no se puede aplicar a quien ya no ocupa el cargo.
“Hay un problema en los asesores que aconsejan a quien ejerce el cargo de defensora a hacer sus planes. En 16 años nadie leyó la ley, nadie lo incorporó”, sentenció.
“NO ES COMPETENCIA DE LA DEFENSORÍA”
Al respecto Crespo manifestó que el reglamento a la Ley de Iniciativa Popular indica que el asesoramiento para crear proyectos de ley es potestad de la Asamblea Legislativa.
“Eso no es una competencia de la Defensoría. Para hacer esta denuncia se basan en un criterio de la Asesoría Legal de la Defensoría, no fue firmada por mí”, comentó.
DIARIO EXTRA cuenta con copia del criterio jurídico Oficio DH-DAJ-0807-2022, firmado por Roberto De Prado Lizano, director a.i. de Asuntos Jurídicos, en el que efectivamente dice que no es potestad de la Defensoría.
Textualmente señala: “Las competencias institucionales únicamente se crean por Ley, en el caso de la Ley de Iniciativa Popular no establece función adicional de ofrecer la posibilidad de la habitante de recurrir ante la instancia legislativa habilitada para tal efecto, en el tanto no se crea la competencia de que la Defensoría de los Habitantes, asesore a un habitante para la formulación de un Proyecto de Ley”.
Añade: “No se observa en el Sistema Nacional de Legislación Vigente, norma reglamentaria que aplique en la aplicación del artículo 7 de la Ley de Iniciativa Popular. Únicamente se observa el Decreto – TSE del 30 de marzo de 2007, emanado por el Tribunal Supremo de Elecciones, en relación con el Reglamento sobre la Aplicación del artículo 3 de la Ley de Iniciativa Popular Número 8491”.
De acuerdo con Crespo, orientaron a Corrales para que acudiera al Ministerio de Economía, la Oficina del Consumidor y la Asamblea Legislativa.
La funcionaria dijo que no teme rendir explicaciones, pero considera llamativo que se abra una investigación con base en la denuncia de una organización que no tiene cédula jurídica.
ABREN COMISIÓN ESPECIAL
La Asamblea Legislativa anunció la conformación de una comisión especial para investigar supuestos incumplimientos de la Defensoría de los Habitantes, cuya responsabilidad hoy recae sobre la figura de Crespo.
De acuerdo con Silvia Hernández, presidenta del Congreso, la denuncia recibida en contra de Crespo obliga a nombrar una comisión que le dará audiencia y deberá tener resultados en un plazo de 15 días hábiles.
Ese órgano estará conformado por los diputados Yorleny León (PLN), José María Guevara (PUSC), Nielsen Pérez (PAC), Floria Segreda (PRN) y Otto Roberto Vargas (PRSC).
DIARIO EXTRA consultó a León sobre el fondo de la denuncia y dijo que aún no conoce el expediente en su totalidad, pero detalló que la denuncia la presentó un ciudadano, quien señaló que la defensora incumplió sus deberes al no ayudarle a presentar un proyecto de ley.
“Tenemos entendido que un ciudadano le solicitó a la señora Crespo que elaborara un proyecto de ley para atender una necesidad que él planteaba. En ese sentido la defensoría le contesta que no tienen un departamento para eso ni tienen un departamento de participación ciudadana, como sí lo tiene la Asamblea Legislativa. Ellos lo remiten a nosotros, sin embargo, ante esa respuesta, la persona presenta la denuncia ante el Congreso, que opera como superior de la Defensoría”, explicó la liberacionista.
“Es importante señalar que existe un vacío en el reglamento de la Asamblea Legislativa, ya que todas las denuncias que lleguen, indistintamente de qué traten, la presidencia del Congreso está obligada a abrir una comisión que analice y resuelva dicha situación, aun cuando la denuncia sea improcedente”, agregó.
León considera que en una semana se puede resolver la audiencia con Crespo y en caso de ser necesario se llamaría a otras personas, aunque “parece que la denuncia da la impresión de ser improcedente”.
“No sabemos sobre el caso puntual del proyecto de ley”, agregó.