Defensoría alerta por “crisis estructural” en Migración: más de 100 mil trámites pendientes

Una investigación realizada por la Defensoría de los Habitantes reveló una grave crisis estructural en la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), la cual provoca retrasos críticos en la resolución de trámites migratorios.

El informe advierte que la mora administrativa acumulada vulnera de forma directa los derechos fundamentales de las personas migrantes en el país.

Cifras alarmantes

El departamento de Gestión de Extranjería se encuentra completamente sobrepasado por la demanda. En la Plataforma de Servicios se reciben mensualmente un promedio de 650 solicitudes nuevas y se atienden unas 1,300 consultas sobre trámites.

Por su parte, en la Unidad de Archivo, entre enero y mayo de 2026 registró el ingreso de:

• 102,434 trámites administrativos por resolver.
• 11,507 expedientes para notificación.
• 9,026 solicitudes de previos ingresados.

Además, la plataforma digital “Trámite Ya”, diseñada para facilitar gestiones las 24 horas del día, los 7 días de la semana, presenta actualmente un retraso de un año para atender y resolver las 400 a 500 solicitudes mensuales.

Documentos de identidad (DIMEX)

La Defensoría dio seguimiento al proceso de obtención de los documentos de identidad (DIMEX), considerado el último eslabón para que un migrante logre una integración efectiva en la sociedad costarricense.

Sin este documento, las personas se ven marginadas y limitadas en el acceso a derechos esenciales como la salud, educación, trabajo, aseguramiento, así como la realización de gestiones en municipalidades y entidades bancarias.

A pesar de la importancia de este documento, actualmente existen 7,000 DIMEX pendientes de impresión. La investigación descubrió que una sola persona está a cargo de toda la operación: la impresión, la distribución, la entrega y la gestión de envíos de estos documentos a las oficinas regionales del país.

Sobrecarga laboral

En la Unidad de Valoración Técnica, la situación de los funcionarios es insostenible debido al aumento de solicitudes de regularización. La Defensoría identificó que cerca de 25 funcionarios tienen asignada una carga de aproximadamente 1,500 casos pendientes cada uno, una cifra que el órgano defensor catalogó como una “sobrecarga estructural incompatible con una atención oportuna”.

Según la Defensoría, esta parálisis responde a una combinación de factores estructurales, entre los que destacan la insuficiencia de recurso humano, las limitaciones presupuestarias, las deficiencias en los sistemas tecnológicos de información y el flujo creciente de solicitudes.