La comparecencia de la defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, será el lunes 25 de abril.
La rendición de cuentas estaba programada para el lunes 18, no obstante, los legisladores consideraron analizar los argumentos que la jerarca ha sostenido sobre la comisión y las presuntas violaciones que “se han cometido en su contra”.
Crespo asegura que los congresistas han tenido un procedimiento violatorio, se ha atropellado su derecho a la defensa, no se le notificó sobre la apertura del caso, no se le dio copia de la denuncia y, además, la notificación sobre la comparecencia incumple el plazo de 15 días que establece la Ley General de la Administración Pública.
“La presidenta de la comisión, Floria Segreda Sagot, canceló la comparecencia de la defensora el lunes y en la sesión anterior, analizamos los argumentos que ella ha manifestado a través de distintos medios”, explicó Yorleny León, parlamentaria de Liberación Nacional (PLN).
“Después de su comparecencia, habrá una segunda sesión, en donde estaríamos emitiendo un informe sobre la denuncia en su contra. Es importante decir que esta comisión tiene 15 días de vigencia”, agregó la verdiblanca.
Por su parte, la diputada de Restauración Nacional (PRN), Floria Segreda Sagot, precisó que la comisión ha trabajado acorde con lo establecido en la ley, no obstante, considerará los argumentos formulados por Crespo.
“Tendremos lo que dice en cuenta. Ella aduce que son 15 días (de notificación), pero no es correcto lo que plantea (…) Todos sus argumentos serán valorados”, añadió.
Segreda salió al paso de críticas y negó que el fin de la comisión sea destituir a Catalina Crespo.
“Nosotros no queremos sacar a la defensora como algunos andan diciendo. La comisión no tiene la potestad para destituirla. No hay un procedimiento claro en la ley en donde se indique la forma para destituir a la defensora”, expresó.
“La comisión no puede hacer ese tipo de actos. Sería improcedente y no está legitimado”, concluyó Segreda.
EL CASO
Un ciudadano de apellido Corrales presentó una denuncia contra la defensora de los Habitantes por presunto incumplimiento de deberes.
El denunciante solicitó a la Defensoría que le colaborara en la elaboración de un proyecto de ley, sin embargo, desconocía que dicha institución no cuenta con una oficina de iniciativa popular que guíe a las personas en la elaboración de una propuesta.
“Yo tuve una posición ingenua. Creía que existía la oficina de iniciativa popular en la Defensoría y en la Asamblea Legislativa, pero resultó que en la Defensoría ignoraban la existencia de la ley”, mencionó Corrales a El Periódico de Más Venta en Costa Rica.
“Me dijeron que no podían asesorarme en la elaboración de un proyecto de ley y no la dan porque no hay conocimiento. La ley está vigente y es exigible”, manifestó.
Por su parte, Crespo ha asegurado que existen intereses para colocar figuras del Partido Acción Ciudadana (PAC) en la institución que lidera.