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La comparecencia de la defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, la tarde de este lunes ante los diputados de la Comisión de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos Personales, conocida como UPAD, en vez de despejar dudas, deja en evidencia el manejo descarado y sin vergüenza que este gobierno le dio al tema.
Y no es para menos, luego de escuchar a Crespo confirmar que efectivamente hubo uso de datos sensibles de los ciudadanos para manejos políticos, también indicó que extrañamente la grabación que se les hizo al señor mandatario de la República, Carlos Alvarado, y al ministro de la Presidencia de turno, Víctor Morales Mora, se desapareció por arte de magia.
El audio ahora, de acuerdo con Crespo, no era tan relevante, claro lo dice ahora que tienen el cuchillo en el cuello ella y su equipo de trabajo por negligentes e inoperantes para decirlo en palabras directas.
Definitivamente acá hay intenciones de verles la cara de tontos a los costarricenses y hacer creer que la grabación de esa reunión se borró de manera incierta y ni siquiera por medios tecnológicos podemos conocer sus detalles.
Pero eso es pecata minuta al escuchar a la defensora decir que tres hombres de confianza de Casa Presidencial la contactaron para hablar del tema UPAD, que en momentos distintos la visitaron en su despacho o la llamaron por teléfono para intercambiar algunas impresiones.
O sea, ella confirma que el gobierno de Alvarado mandó emisarios para generar presión, para meter la mano en una investigación que si bien veían torcida les generaba miedo.
Crespo dejó con los chingos al viento a los enviados especiales del mandatario, a los operadores políticos más inexpertos que pudo mandar Casa Presidencial.
Se trata de Daniel Soley, exministro de la Presidencia de Luis Guillermo Solís y amigo personal, a quien una reunión con la exprocuradora Lorena Brenes le costó el puesto, al parecer por el ofrecimiento de una embajada.
Ahora dice Crespo que sin cita previa Soley, asesor además en este mandato de Eduardo Trejos, jerarca de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) -en pocas palabras la policía política del gobierno-, le hizo una visita de polaco y en una conversación bastante corta trató el asunto en investigación.
Pasaron apenas unos minutos de terminada la comparecencia cuando el propio Ejecutivo le zafó la tabla a Soley y en dos cartas directas aduce que nadie le pidió que visitara a la Defensora y menos que se entrometiera en la pesquisa.
En pocas palabras le pasó lo mismo que con el café. Soley debe también dar la cara en la comisión y ante los ciudadanos pues el Estado le paga un salario.
Pero eso no fue todo, hasta el propio ministro de Bienestar Social, encargado del IMAS, Juan José Bermúdez, tomó el teléfono rojo y como si se tratara de un asunto cualquiera marcó hasta la oficina de la Defensora para hablar de la UPAD.
Bermúdez de seguro estaba muy interesado en ver cómo iba la cosa, pues al comienzo de la gestión era el asesor 1 de Carlos Alvarado, es decir conoce al dedillo la labor de la unidad espía de ticos.
Más bien podrían los congresistas de la Comisión mandarlo a llamar para que explique por qué tanto interés.
La labor de presión no se quedó acá, hasta el actual embajador en Guatemala, Emilio Arias, tomó su teléfono y marcó a Crespo.
Arias era el jefe de despacho de Ana Helena Chacón y fue viceministro de Telecomunicaciones, por razones desconocidas decidió meterse también en el caso UPAD y por eso en el momento oportuno deberá venir a dar la cara ante las manifestaciones de Catalina Crespo. Debe explicar quién, cómo, cuándo y por qué le pidieron intervenir.
Cuando ya parecía haberlo dicho todo, la Defensora le puso la cereza al pastel, admitiendo que eliminó del informe el nombre de su padrino político Rodolfo Piza Rocaford.
La jerarca no se puso ni roja, pero sí titubeó ante las preguntas insistentes de una diputada: “¿Borró usted sí o no el nombre de Rodolfo Piza del informe?”, le cuestionaron.
La respuesta era de esperar “sí” y eso dejó en evidencia también el descaro de Crespo.
Piza y la Defensora son viejos amigos, así consta en fotografías ampliamente difundidas en redes sociales, ella participó activamente en su campaña política y han compartido en el extranjero, específicamente en Estados Unidos, las familias de ambos.
Es decir, si esta señora le metió mano al informe para quitar el nombre de Piza, entonces podemos decir con plena razón que está manipulado, sesgado y eso es un acto de corrupción absoluto.
Crespo bajo estas premisas debería repensar en seguir en su puesto.
La Defensoría de los Habitantes requiere de personas honestas, sin tinte político, sin intereses.
Piza debe ser llamado a comparecer y debe dar la cara como uno de los gestores de esta unidad de espionaje. El exministro podría sacar unos minutos de su apretada agenda en la OEA para explicar cuál fue su injerencia.
Pena ajena dan todos estos funcionarios y los ciudadanos queremos explicaciones claras y contundentes, lo sucedido muestra claramente una intención de torcer la verdad, todas las partes deben estar en el ojo de la Fiscalía.
Ojalá este caso no se quede en las gavetas del Ministerio Público, como muchos otros que este país espera ver resueltos.