La defensora de los habitantes, Catalina Crespo, deberá comparecer hoy ante los diputados en una sesión de carácter privado fijada para las 6:05 p.m.
Crespo y un ciudadano de apellido Corrales, quien presentó una denuncia en contra de la funcionaria por el presunto delito de incumplimiento de deberes, rendirán cuentas ante el Legislativo.
Una vez que ambos comparezcan, los legisladores tendrán una semana para redactar un informe sobre el actuar de la defensora de los habitantes y ver si lo señalado por Corrales es procedente para darle un trámite respectivo.
En declaraciones a DIARIO EXTRA, el denunciante admitió que presentó la denuncia contra Crespo por desconocimiento de ley.
Corrales solicitó a la Defensoría que le colaborara en la elaboración de un proyecto de ley, pero desconocía que dicha institución no cuenta con una oficina de iniciativa popular que guíe a las personas en la redacción de una propuesta.
“Yo tuve una posición ingenua. Creía que existía la Oficina de Iniciativa Popular en la Defensoría y en la Asamblea Legislativa, pero resultó que en la Defensoría ignoraban la existencia de la ley”, declaró Corrales a el Periódico de Más Venta en Costa Rica.
“Me dijeron que no podían asesorarme en la elaboración de un proyecto de ley y no la dan porque no hay conocimiento. La ley está vigente y es exigible”, manifestó.
VIOLATORIO
Crespo ha manifestado que está anuente a rendir explicaciones sobre la denuncia, sin embargo considera que el procedimiento ha sido violatorio porque se está atropellando el debido proceso y su derecho a la defensa.
“Costa Rica es una potencia internacional en materia de Derechos Humanos y los ojos del mundo siempre nos observan, por lo que ratifico mi fe de que se subsanen estos yerros legales de manera previa a su audiencia y se reprograme la misma para poder hacer uso de mi derecho de defensa y al debido proceso legislativo”, argumentaron en la Defensoría de los Habitantes.
Adicionalmente consideran que a la defensora de los habitantes “no se le notificó sobre la apertura del caso en su contra, ni se le dio copia de la denuncia, ni de las supuestas pruebas en su contra”.
También cuestionan que Crespo nunca tuvo acceso al expediente que abre la causa en su contra, no pudo presentar pruebas ni testigos.
Finalmente, consideran que la notificación sobre la comparecencia incumple el plazo de 15 días que establece la Ley General de la Administración Pública.
“A criterio de la Defensoría de los Habitantes, dicho proceder consiste en una clara violación a los derechos de defensa de Crespo (…) Se debe aclarar si la defensora puede o no ir en compañía de un abogado a la audiencia en la que se le cita.
De requerir la presencia de un abogado, favor indicar los motivos que justificarían su presencia en dicha comparecencia. Aclarar cuál es la norma jurídica habilitante para que la comisión convoque a una audiencia”, añade la nota de la Defensoría.
RUMORES
Los señalamientos surgen en medio de rumores sobre la salida de Catalina Crespo de la Defensoría de los Habitantes.
Fuentes cercanas a DIARIO EXTRA indicaron el 11 de abril que un sector ligado al presidente electo, Rodrigo Chaves, no quiere que Crespo se mantenga en su cargo hasta que finalice su nombramiento, en diciembre.
Al consultarle, Crespo manifestó que tenía conocimiento de esos rumores e indicó que quieren quitar a ella y otros funcionarios para que lleguen a ocuparlos figuras ligadas al PAC.
En dicho rumor se mencionó que había interés de nombrar a la vicepresidenta de la fórmula electoral del Partido Liberación Nacional (PLN), Laura Arguedas, aunque esta desmintió esa información a El Diario del Pueblo.
EN ORDEN
Quien salió al paso de los rumores sobre la salida de Crespo fue la fracción de Liberación Nacional (PLN).
“La Ley 7.319 Ley del Defensor de los Habitantes de la República establece los mecanismos por los cuales se debe instaurar una Comisión Especial en el Congreso cada vez que se presenta una denuncia formal en contra de alguna actuación de parte del o la jerarca de la institución.
En este caso, la denuncia presentada por el señor Róger Corrales Alvarado contra la defensora Catalina Crespo, amerita, de acuerdo con lo que establece la ley, la instalación de una Comisión Especial que realice la investigación de oficio”, señalan.
“Dicha Comisión no tiene la potestad de referirse a una eventual recomendación de sustitución de la jerarca, como de manera infundada y tergiversada se ha estado informando. Su labor es la de analizar la admisibilidad de la denuncia, investigar y emitir un informe al Plenario, garantizando el debido proceso (…)
Es responsabilidad de la Comisión convocar a audiencia a las partes y determinar la veracidad o no de los hechos denunciados. El resultado de la investigación pasará a conocimiento del Plenario legislativo, el cual establecerá si cabe la determinación de un proceso sancionatorio o disciplinario, al ser la Defensoría un órgano adscrito a la Asamblea”, agregan.
“De esta manera, la fracción liberacionista se aleja de rumores infundados que han circulado, y en apego a la legalidad y al debido proceso, fundamenta con claridad los aspectos particulares que tienen relación con la Comisión Especial 22.988 Denuncia contra la Defensoría de los Habitantes”, concluyeron los verdiblancos.