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La Defensa Pública advirtió que enfrenta un déficit estructural de personal que impacta directamente la atención de los casos en las materias laboral y penal, las cuales concentran el mayor volumen de procesos en el país.
Actualmente, dicha institución cuenta con 650 profesionales en derecho distribuidos en todas las regiones del país, que atienden causas en al menos 10 materias jurisdiccionales, entre ellas penal, penal juvenil, ejecución de la pena, laboral, familia, pensiones alimentarias, agrario, tránsito, contravenciones y contencioso administrativo.
La situación fue reconocida durante el acto oficial por el 55 aniversario de la institución, realizado recientemente en San José, donde se subrayó la urgencia de una reforma orgánica para garantizar un servicio oportuno y equitativo.
El director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez Murillo, explicó que el número de expedientes por persona defensora pública ha crecido sostenidamente en los últimos años, generando una saturación en la atención y una brecha entre la demanda ciudadana y los recursos humanos disponibles.
“En materia laboral nuestros compañeros y compañeras están saturados de procesos. En algunos despachos las citas se dan para dentro de varios meses, lo que se traduce en una denegación de acceso a la justicia. Lo mismo sucede en la materia penal, donde el ritmo de los casos supera la capacidad instalada”, indicó Pérez.
Según el director, esta sobrecarga compromete la calidad de la representación jurídica gratuita que el Poder Judicial ofrece a las personas sin recursos económicos, un servicio que constituye una de las bases del acceso a la justicia y del debido proceso.
No obstante, el crecimiento de la demanda supera las plazas disponibles, especialmente en los tribunales de trabajo y los juzgados penales, donde los plazos procesales exigen atención inmediata. Pérez señaló que el desafío no solo es cuantitativo, sino también de especialización y capacitación continua.
“Necesitamos fortalecer la estructura con una ley orgánica que regule nuestra función, defina las competencias y garantice la estabilidad presupuestaria. No se trata solo de más plazas, sino de asegurar una defensa pública moderna, profesional y cercana a la gente”, enfatizó.
Durante la conmemoración del aniversario, la institución también repasó avances en capilaridad territorial, uso de tecnología y programas comunitarios, entre ellos la creación de estaciones virtuales en zonas sin oficinas judiciales y ferias de servicios para brindar orientación legal directa.
Además, se destacó la labor de monitoreo en los centros penitenciarios y la implementación de un registro de violencia institucional carcelaria, en conjunto con otras instancias del Estado.
A pesar de estos logros, la dirección reconoció que el sostenimiento del modelo depende de mayor apoyo financiero y político. El fortalecimiento de la defensa pública dijo Pérez, es también una garantía para el equilibrio del sistema judicial costarricense:
“El derecho de defensa no es un obstáculo, es un pilar de la democracia. Cada persona que accede a un defensor público fortalece la confianza en el Estado de derecho y en la justicia”.
Radiografía de la Defensa Pública
• Año de creación: 1970
• Defensores públicos activos: más de 650
• Materias atendidas: penal, penal juvenil, ejecución de la pena, laboral, familia, pensiones alimentarias, agrario, tránsito, contravenciones y contencioso administrativo
• Cobertura: nacional, con estaciones virtuales en Santa Rosa de Pocosol, Tucurrique, Pejibaye, Isla Chira y Venado
• Principales retos: déficit de personal, saturación en áreas laboral y penal, aprobación de una ley orgánica, fortalecimiento presupuestario y modernización tecnológica
• Principales logros: ampliación territorial, capacitación continua, atención a comunidades indígenas, monitoreo carcelario y litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos