Diferentes razones han ocasionado que Costa Rica deba enfrentar cinco casos de arbitraje internacional, procesos que requieren aumentar el presupuesto en un 100% para el próximo año. Los recursos para la defensa los administra el Ministerio de Comercio Exterior (Comex).
“Tenemos cinco procesos internacionales de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), estos están agrupados en tres subpartidas presupuestarias distintas, entre ellas una que tiene que ver con los pagos que se le hacen al Ciadi bajo el concepto de servicios de administración de los procesos y por el pago a los jueces, ahí se incluye el apoyo que se le da al tribunal constituido. Estos gastos se comparten entre el demandado y el demandante”, explicó Alexander Mora, jerarca del Comex.
El Ciadi es una institución del Banco Mundial, especialmente diseñada para propiciar la solución de disputas entre gobiernos y nacionales de otros estados.
Permite a la comunidad internacional contar con una herramienta capaz de promover y brindar seguridad jurídica a los flujos de inversión internacionales. Para esa administración el país asigna ¢530 millones.
Mora se presentó esta semana ante los diputados de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios para defender el plan de gastos para el próximo año. Afirmó que solo en 18 de las 81 partidas se presentan aumentos, una de ellas es la de arbitrajes, que se incrementó al doble.
Consultado al respecto Ottón Solís, presidente de ese panel, aseguró que los fondos del Comex se respetarán porque es necesario defender al país ante esos reclamos.
AUMENTAN LOS CASOS
“Hay dos casos nuevos que el país no enfrentó este año. El de Crucitas, que es una reclamación de la empresa Infinito Gold porque invirtió por 19 años en el país, obtuvo los permisos y luego hubo acciones del Estado con procesos judiciales en la Sala Constitucional y el Tribunal Contencioso Administrativo, lo que llevó a que se cancelara la concesión de explotación minera”, explicó el Ministro.
Comentó que también está el caso de un grupo de inversionistas del proyecto Las Olas, que obtuvo los permisos, cumplió los requisitos ambientales pero luego se declaró que la zona estaba en un área de bosques y humedales. Después de iniciada la construcción se detuvo las obras porque afectaban el ecosistema.
A lo anterior se debe sumar la expropiación de terrenos del Parque Marino Las Baulas y el caso de las gaseras, entre ellas Zetagas, que reclaman por una resolución de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.
También está el reclamo de Riteve, que presentó un alegato en el que el Estado incumplió obligaciones contractuales en los procesos de reajuste anual de tarifas, al que tenía derecho.
“Lo que sucede es que los procesos arbitrales tienen muchas etapas, para el 2015 sumamos cinco casos, antes los teníamos en etapas iniciales. Esta situación nos genera un aumento en lo que es la contratación de servicios jurídicos en un 100%”, explicó Mora.
El Ministro aclara que si eventualmente uno de los casos necesita más fondos de representación, estos saldrían del Comex, sin embargo indica que no contemplan asumir gastos extraordinarios en los procesos del 2015 por el curso que llevan.
Sin embargo el aumento para servicios jurídicos creció el doble. Infinito Gold demanda al Estado costarricense por más de $93 millones y Riteve por $261 millones, cuya defensa le cuesta al país $1,399 millones, que consiste el pago a la firma que contrata Costa Rica para su defensa.