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En un operativo continuo de 20 días de requisas, la Policía Penitenciaria decomisó 47.530 cigarrillos de tabaco en las cárceles del complejo de Occidente.
El comercio clandestino de cigarrillos operaba como un detonante de violencia e inseguridad entre la población penal. Según detallaron las autoridades, un privado de libertad debía pagar entre ¢10.000 y ¢15.000 colones por una cajetilla o ¢1.000 colones por un solo cigarrillo, situación que generaba extorsiones, disturbios y constantes riñas internas.
Entre los principales decomisos efectuados por los oficiales destacan:
Para frenar este mercado irregular, el Viceministerio de Justicia emitió la circular DVJ-01-09-2026, la cual redefine las condiciones de ingreso, tenencia y consumo de tabaco:
El pasado miércoles 7 de octubre, durante una inspección en el CAI Terrazas, los oficiales descubrieron varias cajetillas ocultas dentro de la estructura de un teléfono público.
Asimismo, en ese mismo centro penal se identificó la fabricación de cigarrillos artesanales elaborados a partir de picadura de bolsas de té.
Las intervenciones se ejecutaron por orden directa del ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, desde el pasado 18 de setiembre, con el propósito de erradicar la circulación irregular y la venta ilegal de tabaco dentro de los recintos carcelarios.
Además, la administración penitenciaria confirmó que los operativos de control y requisa se mantendrán de forma permanente; el objetivo es establecer, a futuro, la prohibición absoluta del fumado dentro de todos los centros penitenciarios del país.



