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El Ministerio de Justicia y Paz informó que durante julio de este año lograron incautar al menos 1.229 armas blancas, así como 228 teléfonos celulares que, tanto funcionarios como visitantes pretendían ingresar de manera ilegal a los centros penitenciarios.
Uno de los casos más recientes, que no está incluido en las cifras antes mencionadas, es el que se realizó este miércoles 14 de agosto en donde la Policía Penitenciaria decomisó tres celulares y un cuchillo a un funcionario de mantenimiento de apellidos Torres Jiménez, en la cárcel de mujeres, Vilma Curling.
“La persona fue remitida a la Fiscalía para lo que procede y de esta manera ya suman 27 funcionarios del sistema penitenciario, entre administrativos y policías, por faltarle el respeto a su promesa de servicio con honestidad y cruzar la línea para meterse en terreno de corrupción.
Reiteramos nuestra visión de no permitir que se manche el uniforme de la Policía Penitenciaria y en general el buen nombre del Ministerio de Justicia y Paz”, informaron.
OTROS INGRESOS ILEGALES
Asimismo, las autoridades agregaron que continúan combatiendo la nociva creatividad de algunos que intentan meter a los centros penitenciarios drogas, celulares y otros artefactos.
“La pericia policial nos permitió detectar en la cárcel de Puntarenas que una visitante de apellidos Barrantes Alcocer llevaba una botella plástica de refresco con una sustancia extraña en su interior.
De inmediato se activó el protocolo y se logró comprobar que era cocaína líquida. La botella color verde de 355 mililitros portaba la droga en ese estado con un peso de 394.8 gramos”, detallaron.
Cabe señalar que también en este caso la mujer quedó detenida y a las órdenes de la Fiscalía.
Por otro lado, indicaron que un total de 42 personas fueron remitidas a la Fiscalía por este mismo delito.
“Cada operativo tiene una historia distinta, pero realmente son exitosos, gracias a ese olfato policial de los agentes. En el último operativo en la cárcel Jorge Arturo Montero decomisamos siete celulares y 11 chips.
En el CAI (Centro de Atención Institucional) Carlos Luis Fallas fueron cinco celulares, seis chips para teléfono celular, un manos libres y cinco adaptadores, mientras en la de Limón fueron decomisados 29 celulares, 49 chips, 36 cables USB y 20 manos libres”, expresaron.
COSTO POR OPERATIVOS
La prevención de estos hechos genera un gasto grande para el Estado, tanto en recursos humanos como económicos.
“El cálculo es muy relativo, pero podemos promediar que hay una utilización de al menos 80 funcionarios de manera diaria en diversos puntos que se concentran.
A eso hay que sumarle el transporte, a veces el uso del combustible y alimentación de estas personas, eso implica en promedio entre ¢5 millones y ¢10 millones, dependiendo del tipo de operativos y la cantidad de personal que se vaya a utilizar”, comentó Ching.