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Decisiones presuntamente erráticas adoptadas por el Consejo Superior de Educación (CSE) profundizan la crisis en el ámbito escolar, según destaca el décimo Informe Estado de la Educación.
El documento cuestiona la eliminación de iniciativas estratégicas para el sistema educativo, como el Programa Nacional de Informática Educativa del Ministerio de Educación Pública (Pronie-MEP-FOD) y el Programa de Afectividad y Sexualidad Integral (Paysi).
“Estas acciones, por un lado, intensifican la brecha en inclusión digital y, por otro, constituyen una vulneración del principio de progresividad en materia de derechos humanos”, señala el informe.
La suspensión de estos programas se dio sin un criterio técnico sólido ni una evaluación adecuada. Además, expone compromisos internacionales asumidos por el país en derechos humanos, equidad y desarrollo sostenible.
Polémica con el programa de sexualidad
En enero, el CSE eliminó el Programa de Afectividad y Sexualidad Integral, que se impartía desde 2013. Para ese momento, todavía no se conocía el contenido del nuevo plan llamado Educación para la Paz y la Convivencia.
El MEP justificó la decisión argumentando que los programas anteriores incluían “materiales inapropiados para la edad de los estudiantes”, como el uso de juguetes sexuales y la autoestimulación, lo que generó preocupación en familias y docentes.
Sin embargo, Dagoberto Murillo, investigador del Estado de la Educación, recordó que el plan contaba con reconocimiento internacional.
“El programa fue desarrollado por una universidad de gran prestigio y recibió aval internacional. Además, ofrecía un enfoque científico e integral sobre la sexualidad. No lo decimos nosotros; lo respaldaban los propios departamentos técnicos del Ministerio”, explicó Murillo.
El investigador lamentó que se violara el principio de progresividad en derechos humanos, pues de 85 temas del plan anterior, solo dos aparecen en el nuevo programa.
“El llamado de los departamentos técnicos era actualizar y mejorar el plan, no eliminarlo. Hay que comprender el derecho de los estudiantes a una formación integral en estas temáticas”, agregó.
Incluso, la Defensoría de los Habitantes pidió revertir la eliminación del programa, calificándola como “un retroceso en la garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia”, al señalar que la propuesta actual no sustituye a la anterior.
“La eliminación del Programa de Sexualidad produjo un quiebre en esta línea de actuación, marcando un retroceso en el desarrollo curricular y el abandono de un enfoque integral que articulaba dimensiones biológicas, afectivas, sociales y éticas de la sexualidad, alineado con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud”, detalla el informe.
Sobre tecnología
La no renovación del convenio Pronie-MEP-FOD, vigente desde 1988, dejó al sistema educativo sin un sustituto de igual alcance.
Esto significó la pérdida de una estructura institucional capaz de garantizar recursos tecnológicos, capacitación docente y acompañamiento pedagógico, funciones que la iniciativa aseguró durante décadas.
Además, el informe señala que la decisión se ejecutó sin evaluación previa ni un plan de transición ordenada.
El estudio también califica al país con el término “hacinamiento tecnológico”, pues al excluir los teléfonos inteligentes de la medición, se limita el desarrollo de competencias digitales y la preparación de la población para un entorno cada vez más digitalizado.
El problema afecta principalmente a zonas rurales, donde impacta al 87% de los hogares y al 93% de las familias con menores ingresos.
Autoridades en silencio
Desde la publicación del décimo informe, el pasado jueves 28 de agosto, este medio gestionó consultas y pidió la reacción del MEP; no obstante, al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.
