La noticia que ha circulado en las últimas horas en medios nacionales e internacionales sobre la brillante idea de las autoridades costarricenses de poner visa consular a los ciudadanos hondureños nos ha llenado de sorpresa y preocupación, máxime si escuchamos en medios catrachos y al propio vicecanciller de Honduras expresar que esta ha sido abrupta y sin notificación previa, con los consecuentes problemas que sufrieron los hondureños que venían de camino a Costa Rica y aquellos que ya tenían su tiquete comprado para visitar nuestro país, entre otras eventuales afectaciones.
Consultadas las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública e incluso de Gobernación y Policía, manifiestan motivos de seguridad nacional para dicha medida, sin embargo, no presentan ni una estadística siquiera del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) o de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) o al menos reportes internos de la Policía Profesional de Migración (PPM) o de la Fuerza Pública que respalden semejante decisión restrictiva.
¿Será acaso que desde el Ministerio de Seguridad se dictan ahora las decisiones de forma antojadiza e improvisada?
Enseguida surgen varias interrogantes que nos hacemos, ¿puede el ministro de Seguridad tomar una decisión que compete a la Cancillería de la República y afecta la política exterior de nuestro país así nada más? ¿Si era una decisión tomada por ambas instancias, por qué no se tuvo la cortesía diplomática de avisar a la Cancillería hondureña que esta medida iba a entrar a regir el 6 de octubre con su publicación en La Gaceta? ¿Es consciente el Estado costarricense de que hablamos de un país centroamericano, el cual forma parte de una serie de acuerdos regionales de movilidad, comercio, e integración que indudablemente se verán afectados con esta injustificada y sobre todo descortés medida?
Desconocer los vínculos históricos, afectivos, comerciales y de geopolítica estratégica regional con la nación hondureña, en su interactuar con nuestro país, e imponer de forma arbitraria, inconsulta y apresurada una visa consular a sus ciudadanos, no pareciera más que una chambonada u ocurrencia capital, la cual no solo podría resultar antojadiza de un jerarca, sino también denota la total improvisación ante una crisis de inseguridad que vive el pueblo costarricense, que no cederá en el corto plazo, aun cuando ya no se permitiera más el ingreso libre a los hondureños, salvadoreños, colombianos o venezolanos.
Por otro lado, afectará todo esto sin lugar a dudas la candidatura ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). ¿O será que tendremos la cara para ir a pedirles el voto a los hondureños después de ponerles visa sin previa advertencia?
Si dicha decisión se basa en una forma de crear más distractores a las verdaderas decisiones que de forma inmediata toma el Estado, funcionó, pero ahora se debe apechugar las consecuencias de estos actos que a todas luces resultan arbitrarios.
Es impostergable asignar más recursos económicos a la lucha contra la criminalidad y poner a sus instituciones a hilvanar acciones de prevención y mitigación, tal cual orquesta sinfónica, en total coordinación con los otros Poderes de la República, la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial, con su Fiscalía incluida y el Organismo de Investigación Judicial.
Por lo pronto nos seguimos preguntando si la decisión es antojadiza o solo una ocurrencia más…
De lo que sí estamos seguros es que ponerles visa a los hondureños no resolverá nada y será enorme la afectación a las buenas relaciones que debemos tener en la región centroamericana con todos los países hermanos, en procura de que juntos e integrados podamos todos tener un mejor desarrollo económico y social e indudablemente gozar de una mayor seguridad para los habitantes.