La Contraloría General de la República alertó sobre serias deficiencias del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) en su función rectora sobre los proyectos de inversión del sector energético en el país.
“Una vez obtenidos los resultados con base en la recopilación de la evidencia suficiente y apropiada, se concluye que la función rectora del subsector energía incumple con aspectos significativos contemplados en los criterios de auditoría, al determinarse debilidades a nivel de la planificación estratégica de los proyectos de inversión y en los mecanismos de control aplicados para la evaluación y seguimiento de los mismos”, señalan.
El “Informe de Auditoría sobre la Función Rectora del Ministro de Ambiente y Energía en Asegurar el Alineamiento Estratégico y la Viabilidad de los Proyectos de Inversión en el Subsector Energía”, está dirigido a revisar el papel que el Minae realiza en temas no solo de electricidad, sino de políticas para uso de combustibles.
La CGR concluye además que “se determinó que la rectoría del Subsector Energía no cumple con su deber de dirigir y coordinar las actividades en materia de desarrollo de proyectos de inversión de energía”.
También encontró que la fiscalización que ejecuta la cartera ministerial resulta laxa. Otro de los problemas encontrados se refiere a las limitaciones que tienen los funcionarios del Minae para hacer sus inspecciones.
“El personal del Minae reporta impedimentos en la realización de inspecciones de campo a proyectos de generación, por cuanto el ingreso a las instalaciones les es restringido por el personal de seguridad de las cooperativas, producto de instrucciones giradas desde las oficinas centrales”, asegura el órgano contralor.
El informe plantea la necesidad de que el ministro de Ambiente Franz Tattenbach establezca los parámetros para medir la gestión de las concesiones, otorgadas o en trámite, para el suministro del servicio público.
También llama a definir y efectuar las acciones que correspondan para asegurar que ninguna planta de generación eléctrica esté operando sin cumplir con el requisito de concesión para el suministro del servicio público.
De igual modo, plantea efectuar los informes tanto de seguimiento como de evaluación de las actividades y los proyectos del subsector y su alineamiento con las políticas y planes nacionales.
Asimismo, el ente contralor concluye que el sector energético del país no usa criterios de selección de proyectos de generación de energía basados en rentabilidad, calidad, disponibilidad, firmeza y precio. Esto afectaría la optimización de los procesos.
Dicha indefinición de parámetros también afectaría los proyectos de suministro de hidrocarburos llevados a cabo por la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).
MINISTERIO DE ACUERDO
El viceministro de Energía Ronny Rodríguez calificó lo planteado por la CGR como razonable e indicó que los problemas provienen de Administraciones pasadas y que el actual Gobierno viene trabajando en adaptar los reglamentos necesarios, así como el resto de la normativa.
Rodríguez subrayó que: “Nosotros hemos apostado en una manera muy responsable a través del Proyecto de Ley de Armonización Eléctrica donde decimos que los activos productivos para producir energía eléctrica que se incorporen al sistema tienen que ser los mejores en temas de rentabilidad que los que existen”.
Otra de las normas donde están trabajando es el reglamento 30.065 de Concesiones para el Servicio Público de Suministro. Según el jerarca, se busca regular las formas en las que se genera el proceso de fiscalización e inspección como lo solicita la Contraloría.
