
El expediente 24.327, que pretende crear un Banco de Material Genético y dar seguimiento a los ofensores sexuales, afectaría el funcionamiento del Poder Judicial.
Así se desprende de un informe aprobado por mayoría de la Corte Plena, el cual fue presentado por Sandra Zúñiga, magistrada de la Sala de Casación Penal.
“Aunque esta iniciativa tiene la mejor intención, si se considera que es un proyecto que afecta la organización y el funcionamiento del Poder Judicial. Hay aspectos de fondo de este proyecto que podrían suscitar polémica, con afirmaciones en la exposición de motivos, que podrían ser cuestionables”, dijo.
Uno de esos aspectos, es que el tener el material genético de los condenados por delitos sexuales podría generar un efecto disuasivo, así como la utilización de términos “un poco amplios”.
“Sí preocupa el hecho de que a través de esta terminología se puedan afectar derechos fundamentales de la persona, se podría caer en la situación de que al imputado se le tome como sujeto de prueba”, agregó.
Por otra parte, cuestiona que esta toma de material genético no hace distinción entre mayores o menores de edad.
La magistrada manifestó que la propuesta le ordena atribuciones al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en temas de reinserción o resocialización.
A pesar de que esto le pide un esfuerzo mayor a la institución, su director, Randall Zúñiga, asegura que es de suma importancia.
“Hay una deuda social que tiene Costa Rica con respecto a las mujeres que son agredidas sexualmente y creemos que esta es una muy buena herramienta que va a generar un impacto bastante fuerte para ubicar rápido a personas que han cometido delitos sexuales”, explicó.
Roxana Chacón, magistrada de la Sala Segunda, indicó que a pesar de que año a año hay 14.000 denuncias por estos crímenes, solo se tienen de 180 a 200 sentenciados.
“El proyecto, en lo que sí está equivocado, y quiero ser muy clara, es en que la reinserción y la prevención no podía ser una facultad del OIJ, puede ser el seguimiento de personas sentenciadas”, expresó.
Para Iris Rocío Rojas, magistrada de la Sala Primera, no afectaría el funcionamiento del Poder Judicial y, además, aseguró que el seguimiento sería de tipo biológico, más científico, como en el banco del Sistema Combinado de Índices de ADN (Codis).
RESPUESTA
María Marta Carballo, diputada del Partido Unidad Social Cristiana, quien impulsa la propuesta, dijo que la misma se construyó con el aporte del director del OIJ.
“La intención es darle seguridad de ley del Banco Genético y, en caso de ser necesario, recordemos que el proyecto no está dictaminado. Si por parte de don Randall se expresara la necesidad de buscar presupuesto, valdrá la pena buscar recurso fresco, porque es un tema que urge”, indicó. La legisladora destacó que como parte de las novedades se daría seguimiento a los condenados, con una nueva participación del OIJ y con una articulación de varias instituciones, para intentar que se produzca una adecuada reinserción.
“Esto me parece un aspecto muy importante a la luz de trabajar la prevención, por lo cual incluye este aspecto, dándole esta potestad al OIJ de verificar la reinserción social de estos agresores sexuales”, añadió.
Sandra Zúñiga
Magistrada de la Sala de Casación Penal
“Hay aspectos de fondo de este proyecto que podrían suscitar polémica con afirmaciones en la exposición de motivos, que podrían ser cuestionables”. (Foto: Randall Sandoval)