Costa Rica históricamente ha sido una nación pacífica, marcada por la democracia, la justicia social y el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, el creciente problema de la criminalidad nos enfrenta hoy a una dura realidad que amenaza con socavar esos principios fundamentales.
Aunque contamos con un Estado social de Derecho que se debe respetar, es innegable que la lucha contra la violencia y el crimen requiere el esfuerzo conjunto de toda la sociedad. Las declaraciones recientes del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, subrayan una verdad importante: necesitamos unirnos como país para enfrentar esta crisis.
Pero ¿qué implica realmente esta unión? No significa que los ciudadanos deban asumir la justicia por su cuenta ni que el país deba renunciar a sus principios legales y democráticos. Más bien, se trata de fortalecer los vínculos entre los ciudadanos y el Estado, de reconocer la corresponsabilidad en la seguridad pública y de involucrar a cada sector en una causa común: recuperar la paz y la tranquilidad.
La unión a la que estamos llamados implica, en primer lugar, que todos los Poderes del Estado -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- se alineen en la construcción de una estrategia integral y sostenida contra el crimen. Es fundamental que cada costarricense comprenda que la seguridad no es un asunto exclusivo de la Policía, el Gobierno o el sistema judicial. Los ciudadanos pueden y deben jugar un rol activo en esta lucha. A través de la denuncia oportuna y el respaldo a las acciones preventivas de las autoridades, la ciudadanía aporta información crucial que puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso en la persecución del delito.
Además, la organización comunitaria se convierte en una herramienta poderosa en momentos como estos. La creación de redes de apoyo, comités vecinales y la participación en programas de seguridad ciudadana son acciones que refuerzan la prevención y crean un entorno menos propicio para el crimen.
No se trata de fomentar la violencia o la justicia por mano propia, sino de hacer saber a los criminales que no están actuando en una sociedad pasiva o indiferente, sino en una comunidad que se preocupa por su bienestar y que toma medidas coordinadas para mantener la seguridad.
Cada uno de los Poderes del Estado debe asumir su papel en esta lucha. Por ejemplo, el Ejecutivo, a través de sus diferentes ministerios y cuerpos policiales, tiene la responsabilidad de implementar y ejecutar políticas de seguridad que aborden tanto la prevención como la represión del crimen. Esto implica no solo aumentar la presencia policial en zonas de alto riesgo, sino también mejorar la capacitación, el equipamiento y las condiciones laborales de nuestros cuerpos de seguridad. Además, es necesario promover programas de rehabilitación y reinserción social para aquellos que buscan dejar atrás la vida delictiva.
El llamado es claro: denunciemos, organicémonos y, sobre todo, mantengamos la esperanza y el respeto por el Estado de Derecho.
