Debemos actuar ya contra el alto costo de los medicamentos
Editorial
Enfrentamos como país una paradoja cruel: siendo una de las naciones con mejor sistema de salud pública de América Latina, tenemos los precios de medicamentos más altos de la región. Esta contradicción no es solo un problema económico, es una emergencia de salud pública que obliga a muchas de familias costarricenses a elegir entre comprar la comida o curarse.
El análisis de Coprocom es contundente: las trabas burocráticas del registro sanitario son el principal obstáculo para reducir precios. Mientras el Ministerio de Salud mantiene procesos “largos e inciertos” que superan los plazos anunciados, las familias más vulnerables sufren las consecuencias de esta ineficiencia institucional.
La realidad es devastadora: padres de familia que racionan medicamentos para diabetes, adultos mayores que fraccionan pastillas para la presión arterial, madres que postergan tratamientos esenciales. Esta no es solo una estadística, es el rostro humano de un Estado que ha fallado en su deber fundamental de proteger la salud de su pueblo.
El gobierno del presidente Chaves prometió soluciones, pero los resultados hablan por sí solos. Tres iniciativas fallidas: el decreto contra monopolios farmacéuticos, el intento de tope a ganancias del MEIC, y la propuesta de venta directa por la CCSS. Ninguna ha logrado bajar un solo colón en el precio final que pagan los consumidores.
La ministra Munive habla de “falta de tiempo para valorar”, pero ¿cuánto tiempo más necesitan mientras las familias costarricenses se empobrecen comprando medicinas básicas? El subregistro de información que menciona es, en sí mismo, otra muestra de la negligencia administrativa que caracteriza al sector.
El Ministerio de Salud debe asumir su responsabilidad central en esta crisis. No basta con reconocer que “ni siquiera existía una autoridad regulatoria nacional” – eso solo evidencia años de abandono institucional. Es hora de actuar con la urgencia que el problema demanda.
Las soluciones existen y son conocidas: agilizar el registro sanitario, armonizar normativas con estándares internacionales, promover agresivamente los medicamentos genéricos, y crear procesos expeditos para fármacos previamente aprobados en países con regulaciones equivalentes.
Costa Rica no puede seguir siendo el país más caro de Latinoamérica para comprar medicamentos mientras se proclama como modelo de salud pública. Esta contradicción es insostenible moral y políticamente.