Cuando a un funcionario lo cuestionan por despilfarrar los fondos públicos en llamaditas amorosas, es una barbaridad… para él. Gastar casi ¢800 mil en llamadas de teléfono celular a la novia, pagadas por los contribuyentes… no tiene nada de extraño. Decir que un promedio de ¢90 mil al mes, en conversaciones teléfonicas apasionadas, pagadas por el Estado… está bien. Disponer de cientos de miles de colones ajenos para compartir besitos y gemidos con su nena… es muy romántico.
Enfurecido el enamorado funcionario, que recibe un salario de muchos millones al mes y no puede pagar su teléfono personal, reclamó a los cuatro vientos que han violado su intimidad, que le rastrearon sus llamadas y que eso es muy grave e ilegal. ¡Vaya, vaya! Una cosa es un rastreo de llamadas teléfonicas y otra muy diferente es el reporte de las llamadas salientes que puede solicitar legalmente cualquier propietario de una línea telefónica.
Veamos lo sucedido con calma. El funcionario recibe un teléfono celular pagado por la administración pública para que lo utilice en las funciones de su cargo. Hasta aquí estamos de acuerdo. No existe norma jurídica alguna que establezca que una de las funciones primordiales de ese caballero sea hablar horas y horas con su noviecita, despilfarrando los fondos públicos. Tampoco existe regla ética que ampare tal conducta. Entonces: Si el funcionario se embolsó esos cientos de miles de colones, hay algo que debe ser investigado por las autoridades competentes. Además, mientras estuvo en éxtasis amoroso, durante horas y horas, ganó su salario. No sabemos si su amada es funcionaria o empleada, pero durante esas mismas horas no trabajó, pues compartía las mieles del amor telefónico con su novio.
La situación es muy clara: El funcionario descuidó sus importantes labores. Le pagaron todas las horas que no trabajó, porque conversaba con su princesita. Utilizó indebidamente un servicio pagado por el gobierno para fines muy distintos a los sexuales. Es decir, provocó un doble perjuicio: Cobró salario por no trabajar y gastó teléfono para satisfacer sus placeres sentimentales.
Esas circunstancias son ilegales y antiéticas. El funcionario dispuso de fondos públicos indebidamente. La auditora cumplió cabalmente con su deber. No se vale que un burócrata gaste cientos de miles de colones y dedique su tiempo a coquetas llamaditas. Veremos que acciones despliegan los sensibles encargados de velar por el buen uso de los fondos públicos.
Tienen la palabra la señora Magistrada Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, el señor Fiscal General de la República, la señora Procuradora General de la República y la señora Contralora General de la República.
* Abogado