¿Debe cambiar la forma de elegir magistrados?

Laura Fernández, presidenta electa del país quien tomará posesión el próximo 8 de mayo, en su plan de gobierno indica que pretende realizar algunas reformas en el Poder Judicial, una de ellas es la manera en la que se eligen y el periodo en el que pueden estar en el cargo los magistrados.

“Elección de magistrados de manera que se establezca un plazo que no supere los 10 años”, detalla el documento presentado por Fernández desde su candidatura.

Esta propuesta de modificar la forma en que se eligen los magistrados del Poder Judicial volvió a abrir el debate sobre la independencia judicial, la duración de los cargos y la necesidad de renovar las altas jerarquías del sistema de justicia.

Diversos sectores coinciden en que se trata de una discusión estructural para el funcionamiento del Estado, aunque difieren sobre cuál debería ser el mecanismo más adecuado.

Proponen limitar el tiempo en el cargo

El miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Latinoamericana de Fiscales, Ronald Segura, considera que una de las reformas prioritarias debe enfocarse en la forma en que se designan los magistrados.

Según explicó, actualmente existen magistrados que han permanecido en el cargo durante varios periodos, lo que a su criterio dificulta la renovación de ideas dentro del Poder Judicial.

Segura planteó que el nombramiento debería ser por un único periodo de ocho años, similar a los plazos máximos que tienen los presidentes en países como Costa Rica o Estados Unidos.

“Tenemos un Poder Judicial que se ha anquilosado. No hay ideas nuevas ni energía para impulsar cambios”, señaló.

También cuestionó la administración interna del Poder Judicial, indicando que existen pluses gerenciales asignados a funcionarios que no necesariamente cuentan con formación en administración.

Desde la Corte Suprema de Justicia, el presidente Orlando Aguirre advirtió que el tema de la designación de magistrados tiene un carácter estructural dentro del Estado de derecho, debido a que impacta directamente en la independencia del Poder Judicial.

Aguirre señaló que periodos demasiado cortos podrían afectar la continuidad de la jurisprudencia y la estabilidad institucional.

“El Poder Judicial debe mantenerse lo más alejado posible de los ciclos políticos. Cambios frecuentes podrían afectar su independencia”, afirmó.

El jerarca indicó que el sistema actual, que contempla la posibilidad de reelección automática salvo decisión contraria de la Asamblea Legislativa, ha permitido reducir la politización en la permanencia de los magistrados.

No obstante, reconoció que cualquier eventual modificación deberá analizarse cuando exista un proyecto concreto.

Por su parte, la presidenta de la Sala III, Patricia Solano, explicó que la elección de magistrados es un proceso complejo que combina requisitos técnicos con decisiones políticas.

Solano recordó que quienes aspiran a estos cargos deben cumplir con preparación académica, experiencia profesional y someterse a un proceso de escrutinio público durante la evaluación en la Asamblea Legislativa.

“La elección de magistrados en todo el mundo tiene un componente político, porque finalmente es el Congreso el que toma la decisión”, señaló.

Agregó que los periodos largos también permiten mantener estabilidad en la jurisprudencia que emiten las diferentes salas de la Corte.

Sindicatos piden un solo periodo

Desde el ámbito sindical, la representante de Acojud, Adriana Orocú, también consideró necesario reformar el sistema actual.

Según explicó, la reelección ante la Asamblea Legislativa cada cierto tiempo puede afectar la independencia judicial.

“Los jueces deben ser ingratos (es decir no tienen que deber favores) con quien los nombra. Si cada ocho años tienen que volver al poder político para renovar su cargo, eso puede comprometer la independencia”, afirmó.

Como alternativa, planteó establecer un único periodo de 12 años, lo que permitiría desarrollar proyectos institucionales de largo plazo sin depender de nuevas votaciones políticas.

El tema forma parte de las discusiones sobre posibles reformas estructurales al Poder Judicial y al sistema de nombramientos en Costa Rica.

Mientras algunos sectores consideran necesario limitar la permanencia en el cargo para renovar la institución, otros advierten que cambios en los periodos podrían afectar la estabilidad y la independencia judicial. La eventual reforma dependerá de iniciativas legislativas concretas y del debate político que se genere en la Asamblea Legislativa.