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Fernando Berrocal
Exministro de Seguridad Pública
Costa Rica no necesita una “policía política” en la Casa Presidencial.
Lo que hoy necesitamos es una Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL) en el Ministerio de Seguridad Pública, de gran nivel profesional y técnico, bien relacionada con el OIJ y con las agencias especializadas de los países amigos, en la batalla integral y decisiva contra el delito transnacional del narcotráfico.
Los orígenes de la actual DIS se remontan a los años 60 del siglo pasado, en plena Guerra Fría entre los Estados Unidos y la desaparecida Unión Soviética.
Su estructuración definitiva quedó consolidada en 1994 en la desactualizada Ley General de Policía, adscrita al Ministerio de la Presidencia.
Desde entonces, al día de hoy, las cosas han cambiado en el mundo e igualmente las prioridades en materia de seguridad nacional y ciudadana.
Aunque a algunos trasnochados les parezca que todo sigue igual, el mundo cambió y el tema de hoy no es el Che Guevara y las guerrillas comunistas financiadas desde Cuba o las dictaduras fascistas militares de Chile y Argentina.
Esos tiempos pasados que vivió intensa y apasionadamente mi generación, se terminaron en el siglo XX. La revolución de la informática y las comunicaciones transformó la realidad y, hoy, en pleno siglo XXI, vivimos otros tiempos, nuevos paradigmas y otras realidades políticas y de seguridad nacional y ciudadana.
Hoy, el tema prioritario de Costa Rica, es la inseguridad y la lucha contra el delito transnacional de la narcoactividad y sus efectos desestabilizadores, corrupción, criminalidad, sicariato y brutal violencia de mafias nacionales, vinculadas a los poderosos carteles mexicanos y colombianos.
El ridículo total de la DIS fue el seguimiento a un diputado por motivos de faldas y a otros por ser una fuerte oposición al gobierno del presidente Chaves.
Nuestro territorio se transformó en una bodega y el más grande centro de distribución ilegal y delincuencial de cocaína hacia los Estados Unidos y Europa. Una parte de esa droga se queda y se consume en nuestro país. Detrás de ese negocio criminal, operan poderosas mafias y grupos paramilitares armados.
Nuestra primera obligación nacional, es reforzar y aumentar prioritariamente nuestra capacidad de respuesta, articulando de mejor forma y con suficiente presupuesto, la capacidad operativa y funcional de los dispersos Cuerpos de Policía y el OIJ, adquirir nuevas tecnologías y crear esa necesaria DIPOL.
Propongo mejorar el texto de un proyecto que presentamos hace su tiempo para reformar, integralmente, la desactualizada Ley General de Policía de 1994 y que archivó la Asamblea Legislativa. Ahí hay una base razonable y técnica para crear un actualizado, profesional y eficiente Sistema de Seguridad Policial.
¿Y usted qué opina?