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“La corrupción es como el tango, se necesitan dos. Hay un sector público y un sector privado”, declaró en su momento Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional tras participar en el foro “Rompiendo el ciclo de la corrupción” que tuvo lugar en Costa Rica.
El tiempo le da la razón a la experta, pues la corrupción suele carcomer el desarrollo de los pueblos y peor aún cercena los derechos y las libertades de sus habitantes, acaba con sus esperanzas y sueños.
América Latina sabe muy bien cuáles son las consecuencias de tan nefasta conducta, lleva décadas sumida en ella, en el desgastante mundo de los favores, donde las leyes parecen estar escritas en tinta invisible e impera el desacato, la ilegalidad y el soborno.
Transparencia Internacional presentó justamente ayer el Décimo Barómetro Global de la Corrupción en América Latina y el Caribe para 2019. En esta oportunidad el documento final presenta una serie de novedosas revelaciones derivadas de lo que la gente opina sobre este flagelo y cómo golpea a sus países.
La encuesta incorpora las opiniones de más de 17.000 ciudadanos de 18 países de la región, formas de corrupción de género y sobre corrupción relacionada con las elecciones, como la compra de votos y las noticias falsas.
“Los resultados muestran que el 85 por ciento de las personas piensan que la corrupción gubernamental es un gran problema. Además, más de la mitad piensa que la corrupción está empeorando en su país y que su gobierno no está haciendo lo suficiente para terminar con la corrupción”, cita el informe.
Asimismo, consideran que la oficina del Presidente de la República, los diputados y ministros son las entidades las más corruptas.
El 65 % piensa que su gobierno está dirigido por y para unos pocos intereses privados.
Otro dato que debe valorarse con suma seriedad es que al menos 56 millones de personas han accedido a los servicios públicos, atención médica y educación a cambio de sobornos. Al ser las mujeres las cuidadoras por excelencia de la familia, destaca el informe, son las más vulnerables ante ciertos tipos de soborno, en otras palabras, son sometidas a peticiones de tipo sexual.
Es reprochable, las estadísticas muestran que una de cada cinco personas sufre de “sextortion” siendo esta una de las formas más significativas de la corrupción de género.
Costa Rica tiene su apartado en este estudio y no escapa a la realidad de la corrupción. Un 49% considera que en el último año los hechos de corrupción se dispararon.
Transparencia Internacional destaca que en nuestro país un 17% de los ciudadanos admite haber recibido un soborno a cambio de un voto, lo anterior escalofría el cuerpo, pues no podríamos tan siquiera pensar que costarricenses políticos y votantes pudieran comerciar con algo tan genuino para la democracia como es el sufragio.
Lo anterior nos pone de cara a una realidad dura pero cierta, muchos ticos están dispuestos a sobornar. El informe de Transparencia viene a confirmar un escenario más que conocido por todos.
Costa Rica ya ha mapeado la situación de los sobornos, en una encuesta sobre Corrupción en la Función Pública, elaborada por el Centro de Investigaciones en Matemáticas Puras y Aplicadas (Cimpa) de la UCR, hace ya algunos años, se logró determinar que más del 51% de las personas que han cometido infracciones de tránsito opta por pagar a los funcionarios para evitar la multa.
El estudio reveló que los ticos pagaron en 2011 cerca de ¢18.000 millones en dádivas por trámites en instituciones públicas, suma que posiblemente al 2019 ha crecido.
Parte de los encuestados, cerca del 50%, dijo haber pagado hasta ¢200.000 por tratamientos en la Caja Costarricense de Seguro Social, pues por las vías habituales no lograron ser atendidos.
Entre los trámites más frecuentes por los cuales se recurre a estas acciones ilegales están sacar licencia, realizar un biombo, tramitar gestiones ante el Registro de la Propiedad, evitar multas de tránsito, pagos en aduanas, permisos de construcción e impuestos territoriales y patentes, obtener una incapacidad y hasta realizar gestiones en el Poder Judicial.
La lista es amplia y evidencia que los costarricenses, pese a repudiar la corrupción, tal como se desprende del informe de la Contraloría de 2017, un 79% reconoce que no hace nada por denunciarla, un 61% cree que el problema se acrecienta y un 85% considera que en Costa Rica hay mucha corrupción.
Pero hay una paradoja, nos quejamos de la corrupción cuando es perpetrada por connotados personajes políticos, miembros de gobierno y personas de alto poder económico, somos los primeros en señalar esas faltas, pero nunca se admite que el acceso a ciertos servicios se hace por esa vía en el quehacer diario de las instituciones públicas.
Es decir, los ciudadanos justificamos hasta cierto punto algún grado de corrupción, más cuando se trata de sobornos que tienen como fin obtener atención médica, educación y servicios públicos.
Lo cierto es que este comportamiento es inaceptable moralmente, pero hay quienes indican que es necesario ante la ineficacia e inoperancia del propio Estado.
Otro aspecto que es importante de recalcar es que los costarricenses creen que los corruptos solamente son empleados públicos, concepción realmente errónea pues este comportamiento nocivo existe en las instancias privadas.
Un corrupto siempre necesitará un corruptor y ese es el papel de muchos de los habitantes de un país, pagar para obtener un beneficio personal o para terceros.