En medio de un panorama nacional donde la violencia marca el pulso cotidiano de muchas comunidades, el cantón herediano de Barva emerge como un ejemplo esperanzador de que es posible reducir los índices de criminalidad cuando existe voluntad política y un enfoque integral de la seguridad ciudadana.
La transformación de Barva es notable: de registrar cuatro homicidios en 2022 pasó a cero en 2024. Este logro no fue producto del azar, sino de una estrategia bien planificada que incluyó la creación de una policía municipal y la instalación de más de 140 cámaras de videovigilancia estratégicamente ubicadas. El resultado no solo se refleja en la ausencia de homicidios, sino también en una significativa reducción de 136 denuncias por delitos contra la propiedad.
Sin embargo, mientras celebramos estos éxitos locales, no podemos ignorar la dura realidad que enfrenta Costa Rica en su conjunto.
Las cifras son alarmantes: cada nueve horas y once minutos se registra un homicidio en nuestro país. Más preocupante aún es que 32 cantones experimentaron un incremento en sus tasas de homicidios durante 2024, con casos particularmente graves como Alajuelita, que pasó de 23 a 44 asesinatos, y San José centro, que aumentó de 83 a 98 incidencias.
La violencia no solo ha crecido en números, sino también en brutalidad. Los informes policiales revelan un escalofriante incremento en la crueldad de los asesinatos, con casos que incluyen múltiples impactos de bala, decapitaciones y otros actos de extrema violencia que emulan las prácticas de carteles internacionales. Esta escalada en la barbarie es un claro indicador de la penetración del crimen organizado en nuestro territorio.
Cuando comparamos nuestras tasas de homicidios con referentes internacionales, la situación es aún más preocupante. Provincias como Puntarenas y Limón registran tasas de homicidios superiores a las de Sinaloa, México, una región históricamente asociada con el narcotráfico. Este dato debería encender todas las alarmas en nuestras instituciones.
La criminóloga Tania Molina señala acertadamente que una sociedad con más de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes está “absolutamente enferma”. Con una tasa nacional de 16,6, es evidente que Costa Rica necesita una intervención urgente e integral.
El éxito de Barva nos muestra un camino a seguir, pero también nos recuerda que la seguridad ciudadana requiere más que medidas policiales. Necesitamos un compromiso integral que involucre a los tres Poderes de la República y que combine la inversión en tecnología y vigilancia con programas de prevención y desarrollo social.
Para 2025, el desafío está claro: replicar los éxitos de cantones como Barva mientras enfrentamos las causas estructurales de la violencia. Esto implica no solo optimizar a nuestras fuerzas policiales y sistemas de vigilancia, sino también invertir en educación, crear oportunidades de empleo y fortalecer el tejido social en las comunidades más vulnerables.La seguridad ciudadana no puede ser responsabilidad exclusiva de las fuerzas del orden. Requiere un compromiso multisectorial que incluya a gobiernos locales, instituciones educativas, sector privado y sociedad civil. Solo mediante una estrategia coordinada y sostenida podremos aspirar a construir un país más seguro para las generaciones futuras.
El contraste entre los logros de Barva y la realidad nacional nos demuestra que el cambio es posible, pero también que requiere voluntad política, recursos adecuados y, sobre todo, un compromiso inquebrantable con la seguridad y el bienestar de todos los costarricenses. El 2025 debe ser el año en que pasemos de las palabras a las acciones concretas en la lucha contra la violencia y el crimen organizado.
