Un proyecto de ley sancionaría con cuatro años de prisión a las personas que intenten introducir celulares y otros dispositivos tecnológicos a centros penitenciarios.
La propuesta fue presentada ante el Congreso por parte del Poder Ejecutivo bajo el expediente de ley 24.162.
En concreto, el proyecto plantea una pena de dos a cuatro años de prisión a quien sin estar autorizado legal o reglamentariamente introduzca, facilite o procure el ingreso de teléfonos celulares, satelitales u otros dispositivos a cárceles.
La misma pena aplicaría en caso de que una persona pretenda introducir tarjetas SIM, adaptadores de red, cargadores, cubos de cargadores, computadoras, entre otros.
Por otra parte, se establece que la condena se agravaría en un tercio adicional si las acciones las intenta realizar un funcionario público o proveedor de servicios de los centros penales, abogados o personas que tengan autorización especial para ingresar a los centros penales.
De acuerdo con datos suministrados por la Dirección de la Policía Penitenciaria, en el último trimestre de 2023 se ha incautado un total de 784 teléfonos celulares detrás de las rejas.
No obstante, se ha logrado detectar que los privados de libertad buscan otros métodos para lograr su cometido, como lo es el uso de chips internacionales.
Según las estadísticas de la Dirección, en el periodo antes mencionado, se decomisaron 563 chips, entre ellos de Honduras, Nicaragua, Panamá, Guatemala, Salvador, Colombia y Estados Unidos.
Además, en la actualidad, las bandas utilizadas por las operadoras para brindar sus servicios en el país son 1800 MHz para 2G, 850 y 2100 MHz para 3G, 1800 y 2600 MHz para 4G, las cuales son actualmente bloqueadas por los inhibidores de señal celular instalados en los centros penitenciarios.
Sin embargo, en caso de introducir dispositivos de operadoras extranjeras, roaming, eSim (conocido como chips virtuales), señal satelital o similares que no utilicen las bandas de frecuencia antes mencionadas podrán ser utilizadas para llamadas de voz, así como el uso de la transferencia de datos (Internet) ya que no son detectadas por dichos sistemas de bloqueo de señal.
Desde el Gobierno aseguran que el método que tienen para inhabilitar señales tecnológicas posee puntos vulnerables, por lo que se deben buscar soluciones prontas.
“La introducción de teléfonos celulares, satelitales u otros dispositivos tecnológicos en los centros penitenciarios se ha convertido en un problema significativo en el país, generando graves consecuencias para la Seguridad Pública y el Sistema Penitenciario en su conjunto (…).
A pesar de las acciones que realiza la Policía Penitenciaria, la realidad es que se siguen introduciendo aparatos electrónicos de telefonía y telecomunicaciones”, sostiene el texto de Gobierno.
El uso de teléfonos celulares y otros medios de comunicación electrónicos facilita la coordinación de actividades violentas entre reclusos y con el exterior, generando un ambiente carcelario peligroso y difícil de controlar.