El ministro de Hacienda Nogui Acosta proyecta que, para cumplir con el 8% que establece la Constitución (en 2024 habría sido ¢3,9 billones), tendría que cerrar 19 instituciones de gobierno.
El presupuesto que se destinó para este año a la educación fue de ¢2,6 billones, lo que representa un 5,2% del PIB, el porcentaje más bajo desde 2008. Entonces, para llegar a esa cifra se necesitaría de ¢1,3 billones.
Esos números son similares a la suma del presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública, el de Justicia y Paz, el Tribunal Supremo de Elecciones y otras 16 instituciones más (Ver gráfico 1), según el mismo Acosta.
Y es que, según datos del Ministerio de Hacienda, la deuda total del país pasó de 2008 a 2021 de ¢1,8 billones (12,2% del PIB), a ¢27,2 billones (68,6%), un crecimiento de casi seis veces.
“Estas medidas (8% para la educación) se tomaron en tiempos donde no había una situación fiscal apremiante. Para dar ese 8% tendríamos que dejar de financiar seguridad, deberíamos soltar a todos los presos, porque habría que usar ese presupuesto, también el Ministerio de Agricultura y Ganadería habría que cerrarlo, habría que cerrar Gobernación y Policía, no habría recursos para ambiente, no habría recursos para el Tribunal Supremo de Elecciones, no habría presupuesto para cultura, habría que cerrar la Asamblea Legislativa, la Presidencia, tendríamos que cerrar todas las embajadas; es que eso es lo que no entienden”, subrayó.
EDUCACIÓN Y DESFINANCIAMIENTO
El problema de esto es que diferentes entidades han considerado la necesidad de aumentar el presupuesto de educación. Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en 2020, señaló la necesidad de una mayor inversión educativa para mitigar los impactos de la pandemia de Covid-19.
También habló de financiar medidas de recuperación de los aprendizajes, promover estrategias que permitan disminuir el abandono escolar, atender los problemas de pobreza e invertir en la infraestructura y el equipamiento de las escuelas.
Pero para el Informe del Estado de la Educación (2023) el país tomó el camino contrario. El mismo informe señaló que la Contraloría General de la República (CGR) alertó cómo el presupuesto para educación en 2023 es el más bajo en los últimos nueve años.
Así también los dos presupuestos que ha presentado el Gobierno de Rodrigo Chaves significaron una disminución en los montos destinados para la cartera de educación. En el de 2023 representó un 5,9% del PIB y un 5,2% en el de 2024.
Pero no es el único Gobierno que lo hizo. Todos los presupuestos que presentó la Administración de Carlos Alvarado también tuvieron una reducción relativa de lo asignado para la enseñanza pública. Alvarado pasó de un 7,1% del PIB del último año del mandato de Luis Guillermo Solís hasta 6,5% en el último año de gobierno de Alvarado.
Estos años concuerdan con la época en que el país empezó a enfrentar problemas de financiamiento público, lo que viene repercutiendo en una baja en la inversión educativa.
“Hay una orientación inadecuada, estar en el Gobierno siempre es escoger entre distintas posibilidades. Yo particularmente creo que los Gobiernos deben poner más énfasis en el sector social”, aseguró el exministro de Educación Francisco Antonio Pacheco.