El polémico proyecto que reforma la Ley de Crimen Organizado recibió aval de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.
De forma unánime, los diputados dictaminaron afirmativamente el expediente 23.090, el cual reforma la Ley de Crimen Organizado para fortalecer los tribunales especializados que investigan delitos relacionados con bandas criminales.
La iniciativa plantea que cualquier caso de crimen organizado se debe discutir en la jurisdicción ordinaria, es decir, en trámites sencillos.
Otro punto a tomar en la propuesta, por la que presiona el Gobierno y distintas bancadas, establece ampliación de plazos de tramitación en casos de indagaciones judiciales, así como periodos de prisión preventiva para sospechosos.
Finalmente, cualquier delito realizado por bandas criminales sería de acción pública, de manera que las autoridades podrían actuar de oficio en estos hechos.
Previo a ser dictaminado, la comisión sepultó 569 mociones que había presentado la diputada de Liberación Nacional (PLN), Carolina Delgado.
Las mociones, tanto de orden como de fondo, no podían discutirse porque el proyecto ya había vencido su plazo. Del mismo modo, se terminaron de enterrar por un criterio del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, respaldado por un voto de la Sala Constitucional.
“Este es un proyecto necesario para el país. Nosotros no tocamos el artículo 2 de la ley porque eso le corresponde a la Corte Suprema de Justicia. Si el artículo está derogado o no es un tema de legalidad, lo cual le corresponde resolver a la Sala III.
“Dicho artículo es procesal y no de fondo. Somos de la opinión de que la discusión debe ser entre los tribunales de justicia. La Asamblea Legislativa no puede meterse en un tema que es jurisdiccional. Nadie está derogando nada sino regulando el procedimiento”, dijo la presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, Gloria Navas.
INCONSTITUCIONAL
Previo al dictamen, Delgado denunció que le impidieron defender sus mociones sobre el 23.090.
La tesis de la parlamentaria señala que dicha propuesta es inconstitucional. “Nosotros no podemos crear una norma que sea retroactiva que afecte los derechos individuales de las personas. Mucho menos pensando en el derecho penal. Esa norma trae una redacción que permite de alguna manera hacer retroactivo todo lo que había sucedido desde el 2019 a la fecha, es decir, desde que se derogó el artículo 2 de la Ley de Crimen Organizado se ha venido aplicando jurisdicción de crimen organizado fuera todo el trámite porque el artículo ya estaba derogado”, explicó la verdiblanca.
En medio de dimes y diretes, el texto pasará a discusión por parte de los 57 diputados.
No obstante, se podrán presentar mociones para modificar la propuesta o incluso devolverla a comisión.