Barrio El Carmen, Puntarenas. – “¡Ante las autoridades nosotros somos piratas! ¿Qué quiere que le diga?, no podemos pescar, o, mejor dicho, ¡no nos dejan! y ¿qué llevo a la casa?, ¿cómo hago con las cuentas? ¡diay!, tengo que salir al mar, sino qué, ¿me quedo esperando que alguien del Gobierno me traiga algo?, eso no pasa, primo”.
Eder tiene más de 20 años de ser pescador liniero, técnica artesanal en la que se tira una cuerda de nylon con anzuelos. No quiere fotos, porque la pueden agarrar en su contra. La jornada no ha sido buena, ni hoy, ni en la última semana, sin embargo, ese no es el principal malestar de este y otros pescadores que trabajan bajo el sol de Barrio El Carmen en el centro de Puntarenas.
Los trabajadores del mar aseguran que han tramitado licencias ante el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), sin embargo, se las han negado recurrentemente y reclaman que “gente que nunca se ha montado en una panga tienen dos, tres o hasta más”.
Para la pesca comercial existen cuatro tipos de licencias: la de pequeña y mediana escala, avanzada y semiindustrial.
Algunos de los requisitos para realizar la faena son: una serie de formularios, certificaciones de embarcación, documento de navegabilidad, carnet de pesca, rotulación, número de matrícula, estar al día con las obligaciones obrero- patronales de la Caja Costarricense de Seguro Social y pagar la tarifa por el servicio.
Sin embargo, con un mar que no ayuda, cumplir muchos de estos requerimientos resulta imposible. Solo una panga puede costar hasta ¢4 millones y la mayoría adquirieron los recursos mediante préstamos.
“Hay personas que ni siquiera pescan, pero reciben ayudas, como el subsidio de gasolina, tienen varias licencias, las venden o alquilan. ¿A uno que le queda?, a mi solo me dieron (permiso de) navegabilidad y ahí se me fueron más de ¢200.000. A nosotros sí nos joden con las revisiones de pangas, que los motores estén buenos, que tengamos hasta lo mínimo y ¿cómo hacen con esa gente que ni siquiera tiene panga?”, dijo a DIARIO EXTRA.
La situación se pone más difícil cuando llega la veda, periodo de tres meses en el que no pueden tirarse al mar.
“Yo no recibo ningún tipo de subsidio por parte del IMAS (Instituto Mixto de Ayuda Social), ¡nada! Una vez me mandé, porque ¡diay!, hay que comer, me agarró la (Policía) costera y me dijo: ‘jale o nos llevamos la panga a Caldera’. Lo amenazan de que, si lo ven, lo guardan (encarcelan) o lo multan”, señaló un pescador que se identificó como Mauricio, conocido como Flaco.
Al cierre de esta nota, Incopesca no se pronunció sobre el tema.