Cultura denuncia posible eliminación de documentos en Municipalidad de Puntarenas

Una serie de documentos públicos encontrados en condiciones de abandono en un antiguo edificio de la Municipalidad de Puntarenas terminó bajo la lupa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El caso surgió luego de una inspección realizada por el Archivo Nacional el pasado 13 de agosto, cuando funcionarios localizaron parte de la documentación expuesta a la lluvia, plagas y posibles actos de vandalismo. Ante estos hallazgos, la institución presentó una denuncia para que se determine si hubo una eliminación ilegal de archivos.

Entre el material localizado aparecen presupuestos, libros mayores, registros contables, planos, correspondencia de la Alcaldía y Vicealcaldía, además de expedientes relacionados con recursos humanos, planificación, administración tributaria y catastro.

La documentación permanecía en el antiguo inmueble municipal, que fue desalojado después del terremoto de Cóbano de 2012. Debido al estado del lugar, el Archivo Nacional señaló que resulta complicado establecer con exactitud cuántos documentos se encuentran afectados y cuál es la totalidad de la información que contienen.

“Los documentos públicos no son papeles que una administración pueda simplemente abandonar o desechar. Son la memoria de nuestras instituciones y, sobre todo, una garantía para la ciudadanía: permiten saber qué se decidió, cómo se utilizaron los recursos públicos y quién asumió cada responsabilidad”, afirmó Jorge Rodríguez, ministro de Cultura y Juventud.

Javier Gómez, subdirector general del Archivo Nacional, explicó que la intervención busca evitar que continúe el deterioro del material.

“Nuestra institución tiene entre sus funciones principales resguardar el patrimonio documental y velar porque la normativa legal vigente se pueda cumplir de manera rigurosa. Por esta razón el Archivo Nacional debe llevar a cabo una acción oportuna para evitar una eventual pérdida de los documentos”, indicó Gómez.

La denuncia se sustenta en la Ley N.° 7202 del Sistema Nacional de Archivos. Su artículo 36 contempla penas de seis meses a tres años de prisión para el funcionario que autorice o ejecute la eliminación de documentos incumpliendo las disposiciones establecidas.

Ahora será el Poder Judicial el encargado de determinar qué ocurrió con los archivos y si existen responsabilidades por una eventual eliminación o afectación ilegal de documentación pública.