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Con la intención de mejorar los temas de seguridad nacional, el diputado oficialista Gonzalo Ramírez presentó tres propuestas de ley.
Se trata de iniciativas que buscan crear un Consejo de Seguridad Nacional, introducir cambios en la Ley de Extradición de Nacionales y modificar la Ley de Armas y Explosivos.
Sin embargo, la iniciativa que ha generado varios cuestionamientos es la relacionada con las modificaciones a la portación de armas legales.
Entre los cambios planteados están elevar la edad mínima para portar armas, limitar la cantidad de armas y cargadores, así como exigir que se demuestre el origen de los recursos para adquirir estos dispositivos.
Para los especialistas, los proyectos tienen buenas intenciones, pero no apuntan a la problemática del mercado ilegal que abastece de armamento a las organizaciones criminales.
“Antes de imponer nuevas restricciones, deberíamos demostrar con evidencia científica que son los portadores legales los que están contribuyendo significativamente al problema de los homicidios”, dijo Esteban Ruiz, licenciado en Ciencias Policiales.
Para Ruiz, a los sicarios no les preocupa el tema de la edad o el límite de armas de fuego, pues todo se mueve de manera ilegal.
“Aquí el problema de fondo está en el tráfico ilegal de armas y las estructuras criminales, no en seguir castigando al ciudadano que cumple la ley”, agregó.
Daniel Calderón, exdirector de la Fuerza Pública, afirmó que es importante abrir el debate sobre las armas de fuego, pero con criterios técnicos.
“En cuanto a los portadores legales de armas, pues ya Costa Rica tiene normas bastante estrictas. Siempre hay posibilidad de mejorar, pero pienso que la prioridad del país no está ahí”, explicó.
Para Calderón, lo importante es poner la mira en las armas de guerra o de alto calibre, así como en la munición que abastece a estos dispositivos.
“En ese sentido, pues la propuesta no apunta hacia allá, no está atacando la principal problemática que tiene el país”, agregó.
El especialista en seguridad y armas de fuego Bryan Sandí señala que estas iniciativas tienden a coartar la libre defensa y el libre comercio del ciudadano.
“Si el proyecto de ley establece que hay menores de edad que ni trabajan ni estudian y compran armas de fuego, se debe legislar en esa dirección, pero demostrándolo con la estadística previa”, afirmó.
Además, indicó que hay personas que adquieren un arma de fuego y nunca acuden a un polígono para practicar tiro al blanco o realizar ejercicios de defensa.
“Pero en este tema de la edad y de la cantidad de munición, sí hay que hilar un poco más fino, porque se le está coartando el derecho a una persona de 18 o 19 años a defenderse”, afirmó.
El especialista en seguridad Mario Arias resalta que el verdadero problema del país es el armamento que se mueve de manera ilegal en territorio costarricense.
“Regular al que hace la fila no desarma al que nunca la hizo. Y eso no es un error aislado, quienes tienen la responsabilidad de diseñar la política criminal y deben hacer leyes, vuelven a escoger el camino fácil, reformar lo visible, lo barato y lo que genera titulares”, señaló.
Arias recordó que el país atraviesa por una cifra récord de homicidios vinculada al robo de armas legítimas, al tráfico de armamento y al uso de impresoras 3D para distribuir partes de armas, por lo que el objetivo debe ser otro.
“En lugar de reformar lo difícil que sí desarma a las estructuras del crimen organizado que hoy aquejan tanto al país como a las zonas con un índice de desarrollo humano muy bajo”, añadió.
Mario Arias
Especialista en seguridad
“Esta propuesta le pone reglas a la gente, y deja intacto los criaderos, estos criaderos tienen nombre, las armas robadas a la empresa de seguridad, las piezas que entran en contenedores, las impresoras 3D y los millones de municiones sin rastro. Mientras nadie lo supervise, las armas van a seguir naciendo”.
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