La Contraloría General de la República hizo varias observaciones a las correcciones que realizaron los diputados al texto del proyecto Ley Marco de Empleo Público, una vez que la Sala Constitucional emitió su voto.
Se debe recordar que los magistrados señalaron el texto por contener más de 30 inconstitucionalidades y ha sido centro de controversias, en especial por los sindicatos del sector público.
La Comisión Permanente Especial de Consultas de Constitucionalidad ya revisó el texto.
Uno de los principales cambios que recibió el documento fue la eliminación de la rectoría del Ministerio de Planificación (Mideplan) de instituciones como municipalidades, universidades, Poder Judicial y personal del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
OTRAS MODIFICACIONES
También se modificó otro de los temas relacionados con el esquema salarial.
“El Poder Legislativo, el Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones y los entes públicos con autonomía de gobierno u organizativa construirán sus propias columnas salariales globales”, se lee en el texto sustitutivo.
La Contraloría, por su parte, recomienda a los diputados que el proyecto debe contar con criterios de gobernanza que mejoren la calidad de los servicios que las instituciones brindan a la ciudadanía.
“Resulta imprescindible que el proyecto de ley fomente una visión de liderazgo e innovación en el sector público para impulsar políticas que contribuyan a una visión estratégica, operativa y gobernanza efectiva, mediante una planificación coherente en políticas y compromiso colectivo, así como el trabajar de forma articulada para conseguir un equilibrio entre los intereses, capacidades y objetivos interinstitucionales”, recomienda.
Otro señalamiento del ente contralor es que se resguarde la integridad de la institucionalidad.
CUESTIONAN
Los sindicatos criticaron severamente el criterio emitido por la Contraloría porque consideran que los argumentos son muy livianos, pues se debe recordar que la propia contralora general de la República en varias ocasiones ha aceptado que apoyan la aprobación del proyecto de ley impulsa el Poder Ejecutivo.
“Al criterio le falta en el ámbito de conceptualización, en el sentido de que esta ley no define política transparente ni una gobernanza equitativa, tampoco una forma de empleo público justa para los funcionarios”, manifestó Mario Rodríguez, de la Central General de Trabajadores (CGT).
Mientras que Albino Vargas, de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), también criticó los argumentos del órgano contralor y calificó su opinión como “cantinflesca”.
GREMIOS OPINAN
Mario Rodríguez
CGT
“Consideramos que la Contraloría lo que hace es patear la pelota para adelante, sin dar un atinado gol a lo nefasto que es este proyecto para la prestación de los servicios públicos en todo el país”.
Albino Vargas
ANEP
“La Contraloría emite un criterio muy ‘light’, casi podríamos denominarlo ‘cantinflesco’. Evidentemente se refleja una especie de decepción política por parte del ente contralor, como una especie de ‘resignación’ para finalmente dejarle al parlamento la responsabilidad final de definir cómo ha de quedar este mamotreto-mamarracho que es el proyecto de Empleo Público”.