La Contraloría General de la República cuestionó el proyecto que pretende establecer la obligatoriedad de que los cantones que tienen salida al mar puedan financiar sus planes de regulación costeros.
Se trata del expediente 22.656, el cual se encuentra en trámite en la Asamblea Legislativa.
“Se entiende como plan regulador costero al instrumento legal y técnico conformado por un conjunto de planos, mapas, reglamentos y cualquier otro documento gráfico totalmente vinculante para alcanzar los objetivos de las políticas de ordenamiento territorial en procura de un desarrollo económico, social y ambiental equilibrado en la zona marítimo terrestre y áreas adyacentes”, explica la iniciativa de ley.
El texto señala que la problemática del cumplimiento de los planes de regulación costeros es que en la ley que obliga a las municipalidades a crearlos no se fijaron las fuentes de ingreso para que se lleven a cabo.
“La ley fija los objetivos, pero resulta omisa en señalar los medios y los responsables. Cada administración municipal que se sucede se encuentra ante la disyuntiva de atender las apremiantes necesidades que sus comunidades demandan sean solucionadas con prontitud y postergan las tareas sin plazo y sin recursos que la ley les impone, para que las hagan quienes les sucedan en el cargo”, cita el documento.
REVISIÓN
No obstante, la Contraloría considera que previo a darle avance al proyecto se requiere hacerle varias modificaciones.
“Muchos planes reguladores en algunos cantones con jurisdicción costera ya han sido elaborados por el Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible (Produs), por el ICT y por el programa BID-Catastro, pero por diferentes razones no han sido adoptados por las municipalidades”, explica el órgano contralor.
El proyecto busca involucrar a instituciones como el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), Instituto de Fomento Municipal (IFAM) e Instituto de Desarrollo Rural (Inder) para la elaboración de dichos planes.
“Se considera que se estaría dificultando aún más la tramitación de estos planes reguladores, pues al incluir más instituciones en su desarrollo, se estaría dando una apertura a la multiplicidad de criterios y a la disgregación de responsabilidades”, agrega el informe.
También indica que el proyecto no menciona nada sobre las consecuencias de la aprobación del proyecto en las finanzas de las instituciones involucradas, así como los gastos requeridos para la elaboración de los planes de regulación costeros.
“Advertir que esta norma establece un trato diferenciado para las municipalidades con jurisdicción en la costa, respecto de aquellas que no la tienen, lo que podría resultar discriminatorio y desigual para las poblaciones”, añade el ente contralor.
Finalmente, el análisis pide que se cuente con estudios técnicos que reflejen la problemática que enfrentan las comunidades donde se aplicará la ley y cuáles serán los impactos directos de la aprobación de dicha normativa.