La Procuraduría General de la República (PGR) encontró falencias en un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que busca dar “recompensas económicas” a quienes denuncien actos de corrupción.
Cabe señalar que, en noviembre anterior, Casa Presidencial anunció el expediente 23.449, el cual pretendía “proteger a las personas denunciantes y testigos”, además de ofrecer retribuciones económicas a personas físicas o jurídicas que denuncien delitos de corrupción nacional y transnacional.
De acuerdo con la PGR, la iniciativa “presenta inconvenientes a nivel jurídico” y, además, sugirieron realizar cambios al texto de ley. Uno de los temas que preocupan es que se invierte la carga de la prueba, imponiendo al empleador demostrar la objetividad, racionalidad y proporcionalidad de las medidas acusadas. Adicionalmente, señalan que preocupa los plazos de vigencia establecidos (de 2 años) para proteger frente a la sanción disciplinaria o el despido.
“Sería recomendable valorar que, en circunstancias excepcionales y debidamente justificadas, dicho plazo de protección pudiera extenderse, previa audiencia de las personas u órganos que pudieran verse afectados”, explicaron.
Por otra parte, la PGR señala que debiera valorarse el tema de represalias o discriminaciones laborales, así como la protección requerida expresamente con los derechos de los trabajadores
“Las represalias pueden ser de distinto tipo, ya sean amenazas o hechos que alteran las condiciones laborales o la vida y la integridad de los denunciantes o de sus círculos cercanos. De ahí que lo recomendable sea establecer un sistema cautelar innominado que permita la adopción discrecional y flexible de medidas acorde a las circunstancias particulares de las amenazas, represalias o discriminaciones concretas”.
Finalmente, señalan que la recompensa como incentivo económico por denuncia de actos de corrupción es el aspecto más controversial y “una de sus debilidades más notorias y significativas”, ya que no define ni determina ningún criterio para el pago de la recompensa, las fuentes de financiamiento ni el procedimiento para su asignación.
Tampoco, se deja clara cualquier otra condición necesaria para la implementación del mecanismo.
“La propuesta normativa contenida en este proyecto de ley es hartamente deficitaria, pues no regula del todo las recompensas, premios o incentivos económicos por denuncia, sino que propone regularlos por vía reglamentaria; lo cual es jurídicamente inaceptable”, considera.