Un grupo de taxistas pone en duda el hecho de que solo una empresa se haya interesado en el concurso organizado por el Ministerio de Hacienda para contratar una compañía de taxis.
Luis Varela, vocero del grupo, visitó las instalaciones de DIARIO EXTRA, donde cuestionó que únicamente exista una oferta.
Aseguró que se enteró de la licitación a través de una publicación de este medio, porque muchos de ellos desconocen qué es el Sistema de Compras Públicas (Sicop).
“Hay como 13 mil taxistas en este país y, si usted va y consulta, la mayoría no sabrá qué es. No calza que solo una compañía esté interesada”, aseveró.
La queja se da porque este grupo desea participar en el concurso y al ir a Hacienda a consultar les manifestaron que el proceso había concluido.
Sin embargo, El Diario del Pueblo consultó el Sicop y encontró que el concurso no ha sido adjudicado. Lo que sí es cierto es que solo una empresa presentó una oferta y se trata de Coopeirazú.
La información también fue confirmada por el Ministerio de Hacienda.
“En relación con su consulta, nos indican de la Dirección General de Bienes y Contratación Administrativa, que solo hubo un oferente y actualmente están en la fase de análisis de las ofertas, lo que significa que el proceso no ha concluido”, indicaron.
Para Vásquez, Hacienda debería interesarse en que participe la mayor cantidad de taxistas posibles y por eso sería bueno recurrir a otro tipo de publicidad para la licitación.
“¿Qué pasa si alguien no tuviera acceso a internet? ¿Cómo haría para participar? Lo que queremos es trabajar y es extraño que solo se acercara una empresa, pareciera estarse gestando un negocio”, recalcó.
Este medio publicó que las instituciones del gobierno central sustituirían el uso de vehículos propios por el transporte público, específicamente en la modalidad de taxi. La licitación es un contrato por unos ¢1.500 millones al año.
Fabián Quirós, director general de Bienes y Contratación Administrativa, manifestó que se pretende comprar menos carros y que dicha medida podría significarle a la Administración un ahorro de ¢600 millones solo durante el primer año de implementación.
Lo anterior porque bajarían los costos de mantenimiento, gasolina, revisión técnica, marchamos, seguros y salarios.
El gobierno no tratará este asunto con las plataformas de transporte alterno porque no están reguladas por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
Como parte de este plan, la compañía ganadora podría dar el servicio a las 228 entidades que se abastecen por medio del Sistema de Compras Públicas (Sicop). Por eso, se pensó en una cooperativa.