La Asamblea Legislativa aprobó un informe realizado por la Comisión de Consultas de Constitucionalidad para solucionar los yerros señalados por la Sala IV respecto al proyecto Empleo Público.
Sin embargo, distintos diputados señalaron que dicho informe tendría roces de legalidad e incluso podría traerse abajo el texto de ley.
De acuerdo con la bancada de la Unidad Social Cristiana (PUSC), el procedimiento legislativo utilizado por la Comisión es incorrecto y, además, cuenta con errores estructurales.
“El pecado es que Mideplan fuera el rector estatal. La Comisión hace un texto sustitutivo con una serie de planteamientos. Para arreglar ese pecado, cometieron otros. Erraron en el procedimiento (…) Hay empleados que van a estar sometidos a Mideplan y otros que no. Se va a premiar a amiguitos, a los de salario alto y al poder político dentro de las instituciones. Se crea un sistema de castas y de amiguismos. Se castiga a quien no se alinee. Se hizo mal en el procedimiento de la Comisión”, explicó Pedro Muñoz, del PUSC.
“Después de 35 inconstitucionalidades, nos encontramos este informe que, más bien, estaría ahondando problemas e inconsistencias de esta ley. La Comisión de Consultas no puede extralimitarse ni ponerse creativa. Se modificaron cosas. La propuesta va más allá de lo dicho por Sala IV. En la mayoría de los párrafos, se añaden párrafos. Metieron frases que hacen ilógico e irracional el proyecto de ley y abre desigualdades salariales. Se crearía un régimen bicéfalo de Empleo Público. Hay algunos empleados que sí cumplirán la ley y otros que no”, agregó José María Villalta, congresista del Frente Amplio (FA).
ESTABILIDAD DE TRABAJADORES
“Sigo viendo las implicaciones de este proyecto de ley, el cual toca temas como salarios y estabilidad de miles de trabajadores costarricenses. La Sala Constitucional trató de encontrarle un acomodo a la rectoría de Mideplan contrario a la Constitución Política. Eso es un atropello grave a la institucionalidad de poderes”, mencionó, por su parte, la independiente Shirley Díaz.
El informe de subcomisión saca al Poder Legislativo y Judicial, universidades públicas, municipalidades, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de la rectoría del Ministerio de Planificación (Mideplan).
Así cada una de dichas instituciones escogerá sus propios salarios.
Del mismo modo, el nuevo texto prohíbe incrementos salariales y creación de nuevas plazas, además de ciertos pluses salariales.
A partir de la aprobación del informe de Comisión, el texto se irá a consulta con distintas instituciones.
Entre ellas están el Poder Judicial, el TSE, las universidades y las municipalidades, Asamblea Legislativa, Procuraduría General de la República, Banco Central de Costa Rica (BCCR), la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep), así como la Contraloría General de la República (CGR).