Cada vez que una empresa presenta la solicitud de acogerse al régimen de zona franca en nuestro país, la Unidad Técnica de la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer) cuenta con tan solo un día para emitir su criterio, el cual será la base técnica para la respuesta final al solicitante.
Así lo indica el artículo 13 del reglamento de la Ley 7210 de Zonas Francas, dicha unidad deberá realizar el análisis “dentro del plazo máximo de un día hábil contado a partir de la fecha en que esté completa la información”.
Con ese limitado margen de tiempo, la unidad presentará un dictamen a la junta directiva de Procomer con las evaluaciones sobre los puntos indicados en la solicitud y las recomendaciones sobre el ingreso o no de la empresa.
El mismo artículo 13 señala que la Promotora puede solicitar criterio técnico de otras instituciones públicas si lo considera necesario para evaluar el proyecto, sin embargo, cuenta con tan solo cinco días hábiles para emitir su recomendación final al Ministerio de Comercio Exterior (Comex).
Una vez que Comex recibe el criterio de Procomer, tiene solo cuatro días hábiles para responder a la empresa que desea recibir las exenciones en el pago de impuestos. Es decir, en solo 9 días se analiza la información aportada por la empresa y responde si ingresa o no al régimen de zona franca.
Todo esto a partir de una reforma por el artículo 3° del decreto ejecutivo N° 36000 del 28 de abril de 2010, durante los últimos días de la Administración Arias Sánchez.
BENEFICIOS A LA EMPRESA
En caso de que la empresa sea beneficiada con el régimen de zona franca, recibirá una serie de exenciones de impuestos, iniciando por el hecho de que no cancelará la carga sobre el capital y el activo neto de la compañía, así como el pago del impuesto territorial y del de traspaso de bienes inmuebles por un periodo de 10 años.
Asimismo, todas las compañías en el régimen disfrutarán de la dispensa de todo tributo y patente municipales durante 10 años.
También, las empresas en el régimen y ubicadas dentro de la Gran Área Metropolitana (GAM) no pagarán todos los impuestos a las utilidades y las ganancias brutas o netas, ni por los dividendos abonados a los accionistas, ni por los ingresos o ventas, por un periodo de ocho años, a partir de los cuales solo cancelarán estos gravámenes en un 50% durante los siguientes cuatro años.
Para las compañías ubicadas fuera de la GAM, la exención será de un 100% por 12 años y de un 50% en los siguientes seis años.
De igual forma, el Estado bonificará un porcentaje de los salarios a las empresas que se establezcan en las zonas francas ubicadas en las zonas de “menor desarrollo relativo”, iniciando con el 10% el año anterior y reduciéndose un 2% el beneficio hasta acabar en cinco años.
REQUISITOS DE INGRESO
De acuerdo con la legislación nacional, el régimen de zonas francas se otorgará solo a empresas con proyectos cuya inversión nueva inicial sea de al menos $150 mil (cerca de ¢81 millones y medio).
A este incentivo pueden sumarse las empresas procesadoras de exportación que producen, procesan o ensamblan productos para la exportación o reexportación. También pueden beneficiarse compañías comerciales no productoras, que simplemente manipulan, empacan o redistribuyen mercaderías no tradicionales y productos para la exportación o reexportación.
Otro grupo de empresas que puede sumarse son las administradoras de parques industriales donde hay industrias en el régimen.
Sin embargo, la ley indica que no podrán ingresar las empresas que se dediquen a la extracción minera, la exploración o extracción de hidrocarburos, ni los que laboren en la producción o comercialización de cualquier tipo de arma o municiones.
Tampoco podrán ingresar al Régimen las empresas que se dediquen a la generación de energía eléctrica, salvo que la generación sea para el autoconsumo.
NO REVISAN
Es obligación de los beneficiarios del régimen presentar un informe anual de operaciones dentro de los cuatro meses posteriores al cierre fiscal y es Procomer la entidad encargada de recibir y evaluar estos informes.
Sin embargo, según el informe de auditoría N° DFOE-FIP-IAD-00003-2023 de la Contraloría General de la República, Procomer tiene un rezago de dos años en la revisión de informes anuales de operaciones que presentaron empresas de zona franca.
De los 29 expedientes estudiados por el ente contralor, el 21,1%, es decir, en 4 de las empresas revisadas que debieron cumplir con el nivel de inversión inicial entre 2021 y 2022, Procomer no las revisó para agosto pasado.
El monto total de la inversión comprometida por esas 4 empresas que no han sido revisadas asciende a los $2,35 millones (¢1.276 millones).
CAUSA PENAL
En estos momentos está en trámite de aceptación la causa penal 22-000207-1218-PE, presentada ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, para la cual la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) presentó coadyuvancia con el fin de que se inicie la investigación.
El sindicato lo hizo a través de una petitoria entregada en octubre de 2023 “para determinar los hechos reales”.
De acuerdo con la ANEP, existe la posibilidad de que ingresen empresas que no califican para entrar al régimen debido al reducido periodo en que se deben de emitir los criterios técnicos y dar la respuesta final.
“Es importante que se acopien todos los diferentes criterios técnicos establecidos para seleccionar a las empresas que han ingresado al régimen de zonas francas en los últimos 20 años”, aduce la petitoria de la asociación de empleados.
La organización sindical subraya en su petición la dificultad para que se revisen los requisitos con miras al ingreso de las empresas al régimen de manera técnica y sean validados por las autoridades encargadas en un margen tan reducido.
“Jamás puede haber improvisación en una tarea que implica miles de millones de colones de recursos públicos que dejaron de ser percibidos por el Estado costarricense. Actualmente estos requisitos toman el nombre de Índice de Elegibilidad Estratégica para las Empresas de Servicios”, asevera la ANEP.
Desde 2018, un total de 90 empresas han sido beneficiadas con el régimen de zonas francas en nuestro país, la mayoría dedicadas a la venta de servicios.