Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
El presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare), Jorge Herrera, calificó como irrespetuosas las declaraciones del mandatario Rodrigo Chaves durante la reciente sesión de negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
Herrera señaló que, tras exponer un resumen de los indicadores de cumplimiento de las universidades públicas, el presidente respondió:
“No me interesan esos datos de factura de supermercado”, lo que a su juicio contradice el trabajo previo realizado entre el Gobierno y las universidades.
“Si este mismo gobierno ha venido trabajando con nosotros fijando esos indicadores porque supuestamente no rendimos cuentas, ¿Cómo es que ahora se hace una expresión de este tipo? Entonces pareciera que ya no son importantes”, cuestionó.
El jerarca de Conare también se refirió a la propuesta planteada por el Ejecutivo, que condicionaría un eventual aumento del FEES a una redistribución significativa de los recursos entre universidades, con variaciones que podrían alcanzar entre un 20% y un 40%.
De acuerdo con Herrera, una medida de ese tipo tendría consecuencias directas en instituciones como la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad Nacional (UNA), que se verían obligadas a cerrar carreras, reducir servicios y prescindir de personal.
“Un cambio de esa magnitud implicaría cerrar escuelas y carreras. ¿Qué va a pasar con miles de estudiantes que no tendrían opciones o con las personas que habría que despedir?”, advirtió.
El presidente de Conare calificó la propuesta como “irresponsable” y la describió como una presión para que las universidades acuerden recortes internos severos a cambio de abrir la puerta a una negociación.
No obstante, Herrera aseguró que las universidades sí han avanzado en procesos de redistribución. Como ejemplo, mencionó que la UCR pasó de concentrar cerca del 56% del FEES a un 49,9%, mientras que la UNA redujo su participación de un 23% a un 20,8%.
En ese contexto, insistió en que cualquier ajuste debe garantizar la sostenibilidad del sistema universitario público y evitar afectaciones a la población estudiantil.