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Hace escasamente un mes, se publicó el Informe Estado de la Justicia, en ese documento se presentaron datos alarmantes: un 69% de la población muestra críticas sobre el funcionamiento del sistema judicial, donde incluso la mitad tiene la percepción de que los jueces son corruptos, mientras que el 71,9%, por su parte, considera que no se castiga a los culpables de delitos.
Algo grave y muy grave ocurre en nuestro Poder Judicial, lo que eran tambores de alerta tocando por doquier, se convirtió en una realidad que nos ha golpeado en la cara. Poco se logró con todas las propuestas que prometió Corte Plena, después del colapso que sufrió el Poder Judicial con la destitución de Celso Gamboa.
El que Celso Gamboa, un reconocido político de los gobiernos del PLN y el PAC, quien ocupó cargos tan altos como Ministro de Seguridad, Viceministro de la Presidencia, y quien además fue Magistrado de la República y hasta fiscal adjunto, no fuera detenido por causas penales seguidas en nuestro país y por orden de algún juez de nuestra República, decepciona y repugna.
Decepciona que si de nuestra Fiscalía y OIJ hubiera dependido, hoy los detenidos seguirían gozando de su libertad y enriqueciéndose del narcotráfico. Peor aún, destruyendo a nuestros jóvenes que ven en esos estilos de vida; carros último modelo, cirugías estéticas, fiestas llenas de excesos, en síntesis, una vida fácil que termina exponiéndolos a la muerte.
El crimen organizado solo nos deja a los ticos desprestigio, dolor y muerte, y esa odiosa sensación de sentirnos prisioneros dentro de nuestras casas por temor, mientras los delincuentes gozan de plenas libertades. ¿Por qué Costa Rica no tuvo la oportunidad de ver al OIJ deteniendo a Celso Gamboa en perrera? ¿por qué nadie vio su detención en medios de comunicación? Seguimos viendo los efectos de la justicia selectiva.
Este país quedará agradecido con una mujer valiente como doña Pilar Cisneros, que insistió una y mil veces para que la Asamblea Legislativa aprobara la extradición de costarricenses acusados de delitos de narcotráfico, porque sin esa reforma, los hoy detenidos seguirían delinquiendo a vista y paciencia de nuestras autoridades judiciales.
No falta quien critique y acuse al Presidente Rodrigo Chaves porque sus manifestaciones han sido fuertes y enérgicas por la inacción del Poder Judicial o la acción a favor de los delincuentes. No es un ataque a los jueces, porque la gran mayoría de ellos cumple una labor fundamental para el país. Pero unos pocos, con poder excesivo enlodan la labor judicial. El presidente Chaves, tiene una obligación legal y constitucional, levantar la voz en representación del pueblo de Costa Rica y clamar por justicia pronta y cumplida. Eso no es atacar a las instituciones, eso es intentar rescatarlas de quienes las capturaron. Y enhorabuena que levantó su voz también para requerir el apoyo del Gobierno de los Estados Unidos, nuestro socio y amigo confiable, nuestro aliado estratégico en la lucha contra el narcotráfico. De no haber sido por la DEA, una institución del gobierno americano, no se hubiera solicitado al OIJ la detención y extradición de Celso Gamboa y este caso seguiría en la total impunidad, al igual que los miles que atiborran las oficinas judiciales.
Costarricenses, tenemos que convertir la indignación que sentimos en la fuerza motora para realizar cambios en nuestro Poder Judicial. No como un ataque, sino como ajustes estratégicos para que nuestros jueces, fiscales e investigadores realicen su trabajo con independencia de las fuerzas políticas que a lo largo de años han montado una estructura añeja que busca entorpecer el sistema. Ya es hora de que paremos el “desmadre” en el Poder Judicial, ya es hora de frenar la vergüenza nacional de la impunidad. No debemos aceptar ni normalizar lo que no es normal, no podemos permitir que se eche a perder un pilar de nuestra democracia.
Estamos a pocos meses de renovar a los integrantes de la Asamblea Legislativa y es ahí, es nuestro Poder Legislativo el único que puede sacar avante a nuestro sistema de justicia. En las manos de todos está, el elegir a representantes valientes, que “no aflojen y se coman esa bronca”, que logren hacer las evidentes reformas legales y constitucionales que requiere nuestro Poder Judicial.