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El fiasco del sistema Tribu-CR representa todo lo que está mal en la gestión pública costarricense. Lo que debió ser un proyecto de modernización tributaria se ha convertido en un ejemplo vergonzoso de cómo la falta de diálogo, coordinación y planificación estratégica termina costándole millones de colones al país.
Hacienda reconoce que al menos ¢330 millones adicionales se deberán pagar por el retraso hasta octubre, en costos operativos adicionales, y 30 semanas para resolver inconsistencias que pudieron evitarse.
Todo esto por una disputa que refleja la incapacidad crónica de nuestras instituciones para trabajar de manera articulada.
El Ministerio de Hacienda, minimiza las preocupaciones legítimas sobre dejar a los contribuyentes sin acceso a servicios esenciales durante semanas. Por su parte, algunos legisladores anteponen el protagonismo político al bienestar nacional, convirtiendo medidas cautelares en herramientas de obstrucción.
Pero el problema trasciende este caso específico. Tribu-CR es síntoma de un mal endémico: la ausencia de una cultura de diálogo y consenso en la gestión pública. Mientras otros países avanzan en digitalización gubernamental con procesos participativos y transparentes, Costa Rica tropieza con la misma piedra una y otra vez.
Entendemos las preocupaciones en este caso de la diputada Johana Obando, que interpuso el recurso ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Y ahí nos surge, la inquietud, ¿por qué no hubo diálogo sobre estas dudas del sistema, para resolverlas y evitar los costos millonarios que ahora todos debemos pagar?
La modernización del Estado no puede estar rehén de egos políticos ni de la improvisación institucional. Proyectos de esta envergadura requieren planificación rigurosa, comunicación efectiva con todos los actores involucrados y, sobre todo, colocar el interés público por encima de cualquier consideración partidaria.
Es hora de que tanto el Ejecutivo como el Legislativo entiendan que cada día de retraso, cada millón desperdiciado en disputas evitables, es una traición a los costarricenses que financian con sus impuestos estos proyectos. El país merece algo mejor.
Exigimos a los responsables que este episodio sirva de lección: ningún proyecto público debe avanzar sin los consensos mínimos necesarios, sin evaluaciones de riesgo adecuadas y sin mecanismos claros de resolución de conflictos. Costa Rica no puede seguir pagando el precio de la inoperancia estatal.
La credibilidad de nuestras instituciones está en juego. Es momento de actuar con la responsabilidad que el país demanda.