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Costa Rica contabiliza 19 ciudadanos costarricenses o naturalizados sometidos a procesos de extradición durante el primer año de vigencia de la reforma constitucional que permite la entrega de nacionales requeridos por tribunales extranjeros.
Así lo confirmó el director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, quien destacó que la medida se convirtió en una herramienta relevante para combatir estructuras de narcotráfico y crimen organizado que operan más allá de las fronteras nacionales.
De acuerdo con el jerarca, tres de esos procedimientos ya concluyeron con la entrega de los requeridos a los países solicitantes, mientras que otros continúan en distintas etapas judiciales.
“Ya se cumplió un año de la aplicación de la Ley de Extradición de nacionales. Esto ha generado que 19 personas hayan estado como extraditables, de las cuales tres ya se ejecutaron y hay algunas que están ahorita en proceso”, indicó.
Entre los casos más conocidos figuran los de Celso Gamboa Sánchez y Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, quienes fueron extraditados a Estados Unidos, así como Johnny Angulo Fernández, conocido como “John Cadenas”, entregado a Italia.
Soto explicó que los procedimientos concretados tardaron en promedio nueve meses desde la captura hasta la entrega efectiva de la persona requerida, debido a las gestiones judiciales y diplomáticas que deben realizarse entre Costa Rica y los países solicitantes.
Aunque calificó la reforma como una herramienta útil, el director interino del OIJ aclaró que la extradición no representa una solución definitiva a los problemas de violencia que enfrenta el país.
El funcionario agregó que la lucha contra estas organizaciones requiere además cooperación internacional, fortalecimiento policial e intercambio constante de información entre países.
Por su parte, la exdiputada Pilar Cisneros aseguró que la reforma marcó un cambio importante para quienes participan en organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.
“Eso debería ponernos alegres, porque significa un antes y un después para la gente que se mete en las grandes ligas del narcotráfico y del crimen organizado”, afirmó.
La exlegisladora sostuvo que la posibilidad de ser enviados a enfrentar procesos judiciales fuera del país aumenta las consecuencias para quienes integran estas estructuras.
La reforma constitucional que habilitó la extradición de nacionales entró en vigor en mayo de 2025 y es considerada por las autoridades como una de las principales herramientas incorporadas en los últimos años para enfrentar el crimen organizado transnacional.

