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Costa Rica se encuentra ante una encrucijada que lleva más de dos décadas esperando una resolución definitiva. El proyecto minero de Crucitas, que ha transitado por gobiernos, tribunales y comisiones legislativas desde 1999, representa mucho más que una simple decisión sobre extracción aurífera: es un símbolo de la incapacidad del Estado costarricense para tomar decisiones complejas con criterio técnico y visión de país.
La aprobación del proyecto 24.717 en la Comisión de Alajuela marca un momento crucial. Los 57 diputados de la Asamblea Legislativa tienen ahora la responsabilidad histórica de cerrar un capítulo que ha costado al país millones de dólares en procesos legales, ha permitido el florecimiento de la minería ilegal y ha convertido una zona de alto valor ecológico en territorio del crimen organizado.
Mientras los políticos debaten, Crucitas se ha transformado en un escenario de abandono estatal donde prolifera la extracción ilegal, la prostitución y la violencia. Como bien señala el diputado Luis Diego Vargas, es una zona donde “cayó una bomba atómica” y donde cada día que pasa sin una decisión definitiva, el daño ambiental se profundiza bajo la sombra de la ilegalidad.
La minería clandestina no respeta protocolos ambientales, no genera ingresos al Estado y alimenta redes criminales. Esta es la cruda realidad que enfrentan los habitantes de San Carlos mientras el país mantiene un debate que se extiende sin fin. El proyecto gubernamental presenta elementos que merecen análisis serio y desprovisto de prejuicios ideológicos. La prohibición explícita de la lixiviación abierta y la restricción a métodos de ciclo cerrado representan avances significativos en términos de protección ambiental. La distribución de beneficios que destina un 5% de las ventas brutas al Estado, con participación municipal y comunitaria, establece un marco de retribución social.
Sin embargo, estas medidas deben ser sometidas al escrutinio de expertos independientes. ¿Son suficientes las restricciones ambientales propuestas? ¿Existen tecnologías que permitan una extracción verdaderamente sostenible? ¿Cuál sería el impacto real sobre la biodiversidad de la zona? La pregunta fundamental no es ideológica sino práctica: ¿cuál alternativa generará mayor beneficio social, económico y ambiental para el país a largo plazo?